Estados Unidos impuso este viernes nuevas medidas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, restringiendo la posibilidad de obtener visa a más de 100 funcionarios municipales, a quienes acusa de estar involucrados «en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales».
Las medidas de Washington fueron anunciadas a pocos días de cumplirse un año de la excarcelación de más de 200 presos políticos en donde el gobierno estadounidense participó activamente gestionando un parole humanitario para que estas personas permanecieran en territorio estadounidense por dos años.
Washington recordó que pese a la excarcelación de estos prisioneros, el gobierno nicaragüense continúa deteniendo a voces críticas.
«Seguimos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos en apoyar al pueblo nicaragüense y garantizar que sus derechos humanos estén protegidos», dijo este viernes Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, citado en un comunicado.
Miller indicó que las medidas se tomaron de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, aprobada en noviembre de 2021, la cual suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de personas responsables de políticas o acciones que amenacen la democracia en Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el año 2018, cuando surgieron protestas contra Ortega que fueron reprimidas y dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según cómputos de organizaciones de derechos humanos.
El gobierno de Ortega tildó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado contra su gobierno, una narrativa que ha sido descartada por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.
