Un equipo de agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como de la Policía Nacional de Ecuador, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en contenedores de fruta y al blanqueo de capitales usando un complejo entramado de empresas.
El operativo ha estado coordinado por más de 800 agentes, y se han detenido a 32 personas -13 en España, 18 en Ecuador y una en Reino Unido– pertenecientes a una banda narco asentada en Ecuador. A esta estructura criminal se le atribuye la incautación de 3.210 kilos de cocaína en diversos países, así como 200 kilos de esta droga introducidos en España por Algeciras.
Se han llevado a cabo 22 registros en España en los que se han intervenido casi 500.000 euros en metálico, un arma corta, 12 vehículos de alta gama y se han inmovilizado 17 inmuebles por valor de 12 millones de euros.
La investigación empezó en 2020, cuando se detectó en nuestro país a un empresario italiano asentado en Marbella que controlaba un «amplio abanico de empresas», según ha señalado la Policía Nacional, sobre las que se detectaron indicios de financiación oculta detrás de una apariencia mercantil legal.
Se trataban de compañías dedicadas a la producción y exportación de plátanos desde Ecuador a Europa, centros deportivos en Marbella, centros comerciales en Granada y negocios de hotelería y ocio nocturno.
Según indica el cuerpo policial, las investigaciones permitieron establecer un vínculo entre el investigado y el tráfico de drogas por vía marítima, y detectar que la red era dirigida por un ciudadano albanés asentado en Ecuador y por el empresario italiano. Ambos dirigían empresas productoras y exportadoras de fruta desde Ecuador a todo el mundo, con volumen de negocio de cientos de contenedores exportados al año.
En contenedores de fruta
Los ‘cabecillas’ aprovechaban las exportaciones de sus empresas fruteras para ocultar cocaína en los contenedores, para lo que contaban con la colaboración de personal en los puertos o de empresarios dedicados a la importación de fruta, que simulaban una relación lícita de comercio para introducir la droga en sus países.
La organización usaba diversos métodos para enviar el estupefaciente, pero tras la incautación en 2020 de más de 1.100 kilos de cocaína en uno de sus contenedores en Países Bajos, los investigados comenzaron a realizar «pequeños envíos» de entre 15 y 40 kilos. Además, contaminaban varios contenedores a un mismo importador y ocultaban la droga en su estructura para poder negar su implicación si el cargamento era interceptado.
Los investigadores la definen como una banda «perfectamente estructurada», siendo el empresario albanés el encargado de introducir la droga desde Colombia a Ecuador, teniendo un contrato con sus suministradores colombianos para recibir 4.000 kilos de cocaína al mes, preparando posteriormente los contenedores para su envío a diversos países.
«Experto blanqueador»
Para la actividad de blanqueo, la red criminal contaba con un complejo entramado financiero gestionado por un «experto blanqueador», afincado en Marbella. Esta persona era objeto de una Orden de Investigación Europea de las autoridades de Países Bajos.
Ambos empresarios contactaban con las personas encargadas de recibir la droga en los diversos países, negociando los costos de la operación criminal, el reparto de beneficios, la recolección del dinero debido y demás detalles. Durante la investigación los agentes detectaron entregas de dinero en Barcelona entre ciudadanos ecuatorianos y el entorno del empresario español, llegándose a intervenir en 2021 un millón de euros ocultos en el interior de un vehículo.
Más de 20 registros en España
La investigación culminó el pasado seis de febrero en un operativo en el que intervinieron más de 800 efectivos policiales en España y Ecuador, realizándose 62 entradas y registros (40 en Ecuador y 22 en España) de manera coordinada, con la participación de policías de ambos países en el dispositivo, lo que ha permitido incautar una gran cantidad de dinero, armas, y efectos.
En los registros llevados a cabo en España en las provincias de Málaga, Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, Cádiz y Sevilla, se han intervenido casi 500.000 euros en efectivo, más de 12.000 dólares, dinero en metálico de otras monedas extranjeras, un arma corta, 12 vehículos, relojes de alta gama, terminales móviles y material informático. También se han inmovilizado inmuebles por un valor aproximado de 12 millones de euros, bloqueado 88 productos financieros e intervenido judicialmente cuatro empresas.
