Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares en Venezuela, fue detenida cuando se disponía a viajar al extranjero al ser vinculada en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, confirmó el fiscal Tarek William Saab este domingo.
El arresto se produjo «en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios», escribió Saab en X.
La retención ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco «conspiraciones» de magnicidio, en las que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas.
Una de ellas, denominada «Brazalete blanco», en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo.
Oenegés de derechos humanos y políticos de oposición cuestionaron la detención de San Miguel, abogada de 57 años y crítica del gobierno de Maduro, aprehendida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto Simón Bolívar que sirve a Caracas.
«Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», publicó la ONG especializada Provea.
Amnistía Internacional por su parte pidió su «libertad inmediata e incondicional».
Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo.
Por estas últimas presuntas conspiraciones sumaban 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- y 22 personas con órdenes de captura, según dijo Saab el 26 de enero.
«Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa», condenó María Corina Machado, principal figura de la oposición de cara a las presidenciales de 2024, pese a una inhabilitación política en su contra por 15 años.
El también líder opositor, Henrique Capriles, denunció en tanto que «una vez más desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto».
San Miguel ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 el llamado a un referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Según la ONG Foro Penal, Venezuela suma 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares.
El gobierno y la oposición firmaron en octubre pasado un acuerdo político de cara a las presidenciales, que llevó a liberar a 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos que estaban presos en Venezuela por motivos políticos, a cambio de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro y quien se encontraba detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero.
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