Sentada en una mesa de plástico dentro de una cárcel de mujeres a las afueras de Tegucigalpa, a Erika Bandy le temblaban los labios al hablar de su esposo.
«En su último mensaje me dijo que él sabía que lo iban a matar, y que si él perdía la vida, me suplicaba que dijera todo lo que supiera públicamente para salvar mi vida. Que no me callara», dijo Bandy, con una mirada temerosa, pero decidida. «Estaba arrepentido de haber guardado silencio».
Unas semanas antes de que Bandy se reuniera con los investigadores de InSight Crime, el 26 de octubre de 2019, miembros de una pandilla habían asesinado brutalmente a su esposo, Nery Orlando López Sanabria. El hecho tuvo lugar dentro de una prisión de máxima seguridad en el noroeste de Honduras, donde le dispararon varias veces y luego apuñalaron repetidamente su cuerpo inerte.
El asesinato ocurrió poco después de que, en junio de 2018, se descubrieran los narcolibros de contabilidad que estaban en posesión de Bandy y López. Los libros fueron utilizados por los fiscales estadounidenses para ayudar a condenar al hermano del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York.
Ahora, más de cuatro años después, los libros contables volverán a presentarse como prueba en un juicio por narcotráfico –esta vez contra el expresidente Hernández– que comenzará el 12 de febrero en el Distrito Sur de Nueva York.
Los fiscales acusan a Hernández de aceptar millones de dólares en sobornos de narcotraficantes y de supervisar un «narcoestado» mientras era presidente. El asesinato de López tenía como objetivo impedir su posible cooperación contra Hernández y otros, según la acusación.
En un caso construído principalmente sobre el testimonio de antiguos narcotraficantes que ahora cooperan como testigos, los libros contables son una prueba crucial.
Hernández ha negado las acusaciones, alegando su cooperación con Estados Unidos en políticas antidroga y de inmigración, así como su papel en la aprobación de una enmienda constitucional que pavimentó el camino para la extradición de hondureños acusados de narcotráfico.
Hernández fue extraditado a Estados Unidos pocos meses después de dejar el cargo, en enero de 2022.
Bandy –quizás la única persona, aparte de López, que podría haber interpretado de forma definitiva el contenido de los libros de contabilidad– finalmente sufrió un destino similar al de su marido. Pero antes de morir, habló con InSight Crime en una entrevista inédita.
InSight Crime entrevistó a más de veinte fuentes, entre ellas confidentes de López y Bandy, y obtuvo numerosos expedientes judiciales relacionados con la pareja, así como una copia íntegra de los libros de contabilidad. Este reportaje cuenta la historia de cómo los libros de contabilidad cayeron en manos de las autoridades, y por qué López y Bandy temían ser asesinados por su conexión con las pruebas que podrían resultar clave en el próximo juicio de Hernández.
Inicios
Vestida con una blusa negra, un cárdigan azul claro y grandes aretes dorados en sus orejas, Bandy relató en la entrevista de 2019 cómo conoció a López. Una década antes, en 2009, la pareja tuvo un encuentro casual mientras visitaban un bufete de abogados. Por aquel entonces, López vendía automóviles usados. Bandy era una viuda de 26 años con dos hijos. Su primer marido había sido secuestrado y asesinado el año anterior en un crimen que nunca se resolvió.
López procedía de una familia de campesinos, mientras que Bandy era de terratenientes acomodados. Se casaron en 2010 y Bandy dio a luz a gemelos un año después. Pero una vida tranquila en los suburbios no estaba en las cartas.
Para 2012, López se había convertido en un traficante a gran escala, según una declaración jurada de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para su extradición. Ese mismo año, conoció a Hernández y a su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández por primera vez cuando estaban haciendo campaña, dijo Bandy. Juan Orlando estaba impulsando su campaña para ganar la candidatura del Partido Nacional a la presidencia, y Tony aspiraba a un escaño en el Congreso.
Los fiscales estadounidenses acusan a Juan Orlando de aceptar millones de dólares de traficantes durante la campaña a cambio de protección frente a las fuerzas de seguridad, lo que le impulsó a la victoria en noviembre de 2013. Bandy no dijo si ella y su marido también hicieron contribuciones ilícitas a la campaña, pero Tony Hernández se convirtió en una figura habitual en sus vidas.
Se veían en actos de campaña, incluída una cena para el Partido Nacional celebrada en casa de Alexander Ardón, otro narcotraficante y político del Partido Nacional, dijo Bandy. Ardón se convertiría más tarde en testigo estrella del caso, tras entregarse a la DEA en marzo de 2019, y se espera que testifique contra Juan Orlando Hernández.
Tony Hernández también visitó a la pareja en su rancho. “Le pregunté [a López], ‘¿quién va a venir?’”, recordó Bandy. “’Un amigo de la campaña’, me contestó, sin revelar su nombre. Luego llegó un helicóptero. Pensé que tenía algo que ver con mujeres. [Tony Hernández] se bajó con un sombrero blanco».
“Había ofrecido a mi esposo lanzarse como alcalde o diputado”, dijo Bandy.
Lugareños que vivían cerca de uno de los ranchos de López y Bandy en el departamento hondureño de Santa Bárbara, a lo largo de la montañosa frontera con Guatemala, declararon haber visto a Tony Hernández con López en al menos dos ocasiones, según un funcionario de las fuerzas de seguridad y otra fuente que habló bajo condición de anonimato.
La DEA tras la pista
En noviembre de 2014, una redada antidroga puso en alerta a López y Bandy. Las autoridades interceptaron un camión de combustible Mercedes Benz que transportaba 351 kilogramos de cocaína dentro de su furgón no muy lejos de un rancho de la pareja. La operación fue dirigida por miembros de una fuerza élite antinarcóticos de Honduras que trabaja con la DEA, llamada Unidad Especial de Investigaciones (SIU).
Según una declaración jurada para la extradición de López y otros conspiradores, el cargamento fue enviado por avión desde Venezuela e hizo escala en la remota región hondureña de la Moskitia. Colaboradores de la DEA infiltradas en la red de narcotráfico en Sudamérica les alertaron del envío. El conductor fue el único detenido, pero sin duda la incautación activó las alarmas de todos los implicados.
Al año siguiente, López preparó un elaborado plan para fingir su propia muerte. Organizó un funeral con un sacerdote retenido a punta de pistola. Una foto suya yaciendo dentro de un ataúd circuló por las redes sociales para completar el engaño. Consiguió un certificado de defunción de manera ilegal y adoptó una nueva identidad y un nuevo nombre, Magdaleno Meza. También se realizó varias cirugías plásticas, cambiando su nariz, su línea de cabello, mandíbula y cerrando sus hoyuelos, recordó Bandy.
Pero la trampa no funcionó por mucho tiempo. En agosto de 2016, los fiscales estadounidenses acusaron a López en un caso que se encuentra todavía sellado junto con cuatro coacusados colombianos y venezolanos. Poco después, la SIU allanó propiedades vinculadas a López y Bandy, y envió una solicitud al Registro Nacional de las Personas pidiendo registros pertenecientes tanto a López como a Meza, según los archivos del caso obtenidos por InSight Crime. Las fotos que recibieron de vuelta dictaminaban que claramente se trataba de la misma persona.
Mientras tanto, la relación con los hermanos Hernández continuaba, según Bandy. Tony regaló a López un caballo de paso fino, apreciado por su trote único. Cuando López cumplió 36 años, recibió un mensaje de que alguien quería enviarle un regalo y envió a un empleado a recogerlo. El empleado regresó con un reloj Rolex «Presidential» de oro de US$20.000 de Juan Orlando. «Él quería saber dónde estábamos nosotros», dijo Bandy, reflexionando sobre el motivo del regalo.
La captura
Al ponerse el sol el 6 de junio de 2018 –dos días después de que López cumpliera 36 años–, él y Bandy conducían una camioneta Toyota Hilux blindada por una carretera que conduce a su rancho en Santa Bárbara, cuando se toparon con un puesto de control.
Siguiendo una pista, los oficiales de seguridad hondureños habían montado el control sólo para López y Bandy. Lograron atraparlos junto a tres de sus trabajadores que les seguían en una camioneta Volkswagen Amarok. Pero no se trataba de la UEI, que había investigado a la pareja durante años y que normalmente lleva a cabo detenciones de objetivos de la DEA. Fue la Policía Militar, una unidad controvertida creada por Hernández.
Al ser detenido, López intentó sobornar a los soldados, pero se negaron. En ese momento la pareja se dio cuenta de que estaban en graves problemas. “Él estaba llorando antes de bajar del coche”, recordó Bandy. «Me dijo: ‘me van a matar’”.
Más autoridades llegaron al lugar. Registraron a los detenidos y luego los trasladaron junto con sus vehículos a una base militar cercana. A López le encontraron un carnet de identidad con su nombre falso, Magdaleno Meza, más de US$7.000 en efectivo y cinco relojes Rolex. Bandy llevaba joyas en su bolso. Fingieron que apenas se conocían y, por un momento, parecía que los oficiales no encontrarían suficiente para detenerlos.
Pero los agentes antidroga cortaron una trampilla bajo el asiento trasero del Volkswagen, revelando casi US$200.000 en efectivo, granadas y once libros de contabilidad. Descubrieron que un interruptor en el Toyota se conectaba a otro en el Volkswagen y, al activarse, se abría un compartimento del salpicadero, donde escondían armas.
Cuando los agentes llevaron las pruebas a su despacho, revisaron los libros de contabilidad y descubrieron algo mucho más importante. «En ese momento el caso de Tony Hernández era muy conocido en Honduras, así que al verificar o revisar los libros de contabilidad, encontré el nombre de Tony Hernández», declararía más tarde uno de los agentes ante el tribunal.
Otro detalle les llamó la atención. En varias entradas figuraban pagos a una persona identificada como JOH, las iniciales y el alias del entonces presidente Juan Orlando Hernández.
Bandy y López fueron puestos tras las rejas, este último como Magdaleno Meza. Una semana después, cuando tuvieron una presentación ante tribunales en la que se esperaba que la fiscalía presentara pruebas, los libros contables brillaron por su ausencia. Pasaron trece días entre la revisión de los libros de contabilidad y su registro en un armario de pruebas.
Un abogado de Tony Hernández utilizó ese vacío en los registros para poner en duda la veracidad de los libros de contabilidad, sugiriendo que podrían haber sido manipulados para implicar a su cliente. Sin embargo, los abogados de Bandy y López sugirieron que hubo un intento de encubrimiento a favor de los hermanos Hernández desde dentro de la Procuraduría General de la República.
Antes del juicio
En noviembre de 2018, agentes de la DEA arrestaron a Tony Hernández por cargos de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de Miami. En la acusación no se mencionaban los libros de contabilidad de drogas ni los vínculos de Tony con Bandy y López. Pero unas semanas más tarde, el Ministerio Público de Honduras reveló la conexión tras incautar algunos de los bienes de Tony, afirmando que había pruebas que vinculaban a Tony con la detención de la pareja y que había sido interrogado en relación con el caso.
Los fiscales estadounidenses se refirieron rápidamente a la declaración de la Fiscalía poco después, pero no volvieron a mencionar la conexión, ni los libros de contabilidad de la droga, hasta el juicio de octubre de 2019. Mientras tanto, personas cercanas a Juan Orlando y Tony trabajaron para asegurarse de que nada de esto pudiera ser utilizado en su contra.
En prisión, López recibió varias visitas en nombre de los hermanos, primero de otro hermano Hernández, Amílcar Hernández, un militar retirado. «Amílcar le dijo que no hablara con nadie más», declaró Bandy a InSight Crime. «Mi esposo dijo: ‘Está bien, me quedaré callado, sácame de aquí’».
Pero López empezó a sospechar a medida que pasaban los meses y seguía tras las rejas.
Contrató a un abogado en Estados Unidos e intentó negociar con la DEA. El abogado, Robert Feitel, visitó a López en la cárcel. «Continuamos intentando llevar adelante su caso. Por desgracia, el asesinato sorprendentemente brutal de nuestro cliente puso fin a estos esfuerzos», declaró Feitel.
En un mensaje de voz enviado a uno de sus abogados desde la cárcel, López dejó claras sus intenciones. «Estoy totalmente dispuesto a ser un colaborador del gobierno norteamericano, de la justicia norteamericana… Tengo mucho que ofrecer para ayudar… Estoy a la orden y con toda la disposición para lo que sea necesario para poder trabajar con la DEA», dijo.
Luego recibió visitas de un abogado y de un investigador privado que trabajaba para la defensa de Tony. «Fíjate que ahorita vino un investigador privado de parte de TH desde EE. UU. de parte del abogado que quería que le dijera todo lo que sabía sobre TH», dijo López en otro mensaje de voz enviado a uno de sus abogados, refiriéndose a Tony Hernández por sus iniciales. «Y le digo, ‘¿por qué te voy a decir todo si no me beneficia en nada?’».
El abogado también visitó a Bandy. «Me dijo que venía de parte de Amilcar, que era abogado y amigo de Tony. Me dijo que el presidente estaba triste por su hermano y que su madre estaba sufriendo», recordó.
El abogado intentó sacarle información a Bandy, pero ella no estaba interesada en hablar de detalles, sino en hacer una advertencia. «Le dije que mi esposo me había contado todo. Lo sé todo. Si mi esposo no dice la verdad, lo haré yo. Si ustedes matan a Magdaleno, yo tengo toda la información», dijo.
Luego del juicio
Los fiscales estadounidenses incluyeron a último minuto los libros de contabilidad y a uno de los agentes antinarcóticos hondureños, que estaba en Nueva York para el juicio de Tony Hernández. Los fiscales mostraron al jurado una entrada fechada el 27 de febrero de 2018 para un aparente envío de 650 kilogramos de cocaína enviado por «Tony Hernandes.» La entrada detalla gastos como costos de envío, producto perdido y un depósito de US$1.000.000 a «Toni».
Era la versión del hampa de una factura.
Tony Hernández fue declarado culpable el 18 de octubre de 2019. Su juicio dejó claro que Juan Orlando podría ser el siguiente objetivo. Los libros de contabilidad fueron una de las pruebas más condenatorias presentadas por la fiscalía, e implicaban a ambos hermanos.
Aunque López quería cooperar con la DEA, estaba atrapado en una prisión en Honduras porque las autoridades estadounidenses no habían enviado una solicitud de extradición antes de su detención. Aunque había sido acusado por Estados Unidos dos años antes, ahora tenía que cumplir primero su proceso legal en su país. La laguna en el tratado de extradición podía aprovecharse para mantener a los traficantes en Honduras y evitar que cooperaran con los fiscales estadounidenses.
Ocho días después del veredicto, López estaba en un pasillo hablando con el director de la prisión cuando un guardia enmascarado abrió una puerta lateral. De ella salieron miembros de la pandilla MS13, que de inmediato dispararon contra López y luego mutilaron su cuerpo. Un vídeo del horrible acto apareció en las redes sociales con asombrosa rapidez.
La entrevista
Un par de semanas después del asesinato de López, Bandy estaba sentada en la prisión de mujeres, con las uñas pintadas de negro repiqueteando sobre la mesa, mientras gatos y perros se arrastraban y los guardias observaban desde cerca. «Fue totalmente descarado lo que hicieron», lamentaba.
«[López] me dijo que el presidente de este país lo iba a matar por sus vínculos con su hermano, y tenemos las pruebas», dijo Bandy.
Bandy dijo que el nombre Tony que aparece en numerosas entradas de los libros de drogas corresponde al exdiputado, Tony Hernández, y que las iniciales JOH corresponden al expresidente Juan Orlando Hernández. Pero los libros contables no eran la única prueba.
Poco después de la entrevista, un abogado de Bandy mostró a InSight Crime dos fotos. La primera era una foto de Hernández fuera de una casa que, según Bandy, era de ellos. La segunda era una foto de un aparente kilogramo de cocaína estampado con las iniciales TH.
Durante el juicio de Tony Hernández, los fiscales presentaron una foto obtenida mediante una interceptación de un aparente kilogramo de cocaína con el mismo sello TH. Tres testigos declararon que se trataba de un sello utilizado por el exlegislador en representación de sus iniciales. Además de la foto presentada en el juicio, la única similar que existe en el dominio público es de una incautación en Costa Rica en 2016.
InSight Crime hizo una comparación contemporánea de la foto del kilogramo mostrado con las dos fotos públicas, y observó que si bien el sello tenía el mismo diseño, había pequeñas diferencias en la foto, como el fondo y el envoltorio, que indican que se trata de un tercer y único ejemplar.
La foto del ladrillo de cocaína, combinada con los libros de contabilidad y los testimonios de López y Bandy, habría sido condenatoria para Tony o Juan Orlando Hernández. Pero Bandy y otras personas cercanas a la pareja dijeron que aún había más pruebas, incluidas más fotos y más libros de contabilidad.
Socios criminales
Durante toda la entrevista, Bandy se apegó al típico estereotipo de ama de casa inocente. «Nery me lo contó», decía. Ella sabía cosas, pero era una mera espectadora. «Yo no soy una narcotraficante. Yo soy víctima de esta situación», decía. Con su juicio aún pendiente, cualquier admisión de su propia culpabilidad la habría condenado a una larga pena de prisión en Honduras.
InSight Crime habló con una docena de personas que eran amigos, socios o que de alguna otra manera tuvieron contacto con López y Bandy. Aunque gran parte de lo que las fuentes sabían sobre la pareja corroboraba el relato que ella dio a InSight Crime, incluidos los detalles sobre los hermanos Hernández, diferían en cuanto a su participación en el tráfico.
«Erika era el cerebro, Nery los brazos», dijo un abogado.
Mientras que las personas que les conocían describían a López como humilde y tranquilo, a Bandy la describían como una mujer de contrastes, una madre cariñosa a la que le gustaban las cosas finas, pero también «volátil» y «sanguinaria.» Los trabajadores llamaban a ambos «jefes».
Varias fuentes sugirieron que Bandy era la que tenía conexiones con narcotraficantes. «Yo hice a Nery», recordó uno que ella dijo. Podría haber resultado más valiosa para la DEA que su esposo.
Vida en el exterior
Pocas semanas después de la entrevista, un abogado que había trabajado para la pareja fue asesinado en una cafetería. Luego, el director de la prisión, Pedro Ildefonso Armas, quien había estado hablando con López cuando le dispararon, fue asesinado en un hecho que tenía todas las características del crimen organizado.
Los asesinatos aterraron a Bandy, quien mantuvo su silencio. Salió de la cárcel en 2022 gracias a una reforma del Código Penal que endureció los cargos por blanqueo de capitales. Pero no era realmente libre. Cada mes tenía que comparecer ante el tribunal como parte de su libertad condicional y tenía prohibido salir del país. El miedo consumía su vida y cambiaba constantemente de teléfono y de domicilio.
Personas cercanas a Bandy en varias oportunidades la animaron a buscar un acuerdo con las autoridades estadounidenses para salvar su vida y, a principios de 2023, la DEA intentó ponerse en contacto con ella para tratar de conseguir su cooperación, según explicaron sus abogados a InSight Crime. Si hubiera accedido a testificar contra Hernández, podría haber cerrado el caso para la acusación.
Bandy dejó claro que las entradas con las iniciales JOH correspondían a dinero de la droga pagado a Juan Orlando Hernández. Sus fotos y otros documentos habrían sido una prueba convincente.
Pero ella se negó. «Usted no conoce los tentáculos de esta gente», dijo Bandy a un abogado, explicando su miedo a las represalias de los Hernández. Estaba preocupada por sus hijos y no había ninguna acusación que la presionara, como en el caso de su marido.
Bandy quería salir de Honduras y esperaba con impaciencia el final de su libertad condicional para poder viajar. Pero para ello necesitaba dinero, y desde que salió de la cárcel había estado cobrando viejas deudas.
El 22 de junio de 2023, Bandy aparcó en una panadería en un todoterreno Toyota Prado blindado, según las imágenes de las cámaras de seguridad. Cuando sus guardaespaldas llegaron en una camioneta, ella salió, pero rápidamente volvió al interior cuando llegó otra camioneta, en la que iban hombres fuertemente armados con chalecos antibalas.
Primero aseguraron la calle, obligando a los guardaespaldas a arrodillarse. Luego entraron en la panadería. Bandy, con un vestido de verano y sandalias, se escondió detrás del mostrador. Se puso la mano delante de la cara como diciendo: «No disparen».
Entonces la alcanzaron detrás del mostrador. No eran policías de verdad, sino un sofisticado grupo de asesinos disfrazados. Bandy agarró a una espectadora e intentó utilizarla como escudo humano. Un hombre le hizo un gesto para que se apartara de la mujer. Cuando Bandy se negó, el hombre disparó por encima de su hombro y, después de que ella cayera al suelo, le disparó en la cabeza, seguidas de otras dos balas para estar seguro.
Al día siguiente, sus abogados recibieron la notificación de que su libertad condicional había terminado.
CORTESÍA: @jeffgernst
