Hay pocas dudas sobre quién ganará las elecciones presidenciales de El Salvador cuando los votantes acudan a las urnas este 4 de febrero de 2024.
Nayib Bukele tiene la iniciativa de cara a la votación habiendo tomado una serie de decisiones llamativas desde que llegó al poder en 2019, como convertir el bitcoin en moneda de curso legal, emitir políticas a través de las redes sociales y, lo más importante, declarar a nivel nacional un “estado de emergencia” en respuesta a la violencia de las pandillas.
El experimento de Bitcoin prácticamente ha fracasado. Pero eso no ha afectado sus perspectivas de victoria.
La razón: la mayoría de los salvadoreños se sienten más seguros. Bajo el gobierno autoritario de Bukele, la tasa de homicidios ha disminuido oficialmente, muchos vendedores ambulantes ya no pagan el impuesto a las pandillas y los taxistas no están tan preocupados por los secuestros o las agresiones. Y eso ha llevado a la amplia popularidad de Bukele en todo el país. En una encuesta de principios de enero de 2024, el mandatario estaba por delante con un 71%. En otras palabras, es un candidato seguro.
Pero esta sensación de seguridad ha tenido un costo. El programa de Bukele para frenar el crimen ha provocado una erosión de los derechos civiles: decenas de miles de personas han sido detenidas en una ofensiva contra el crimen organizado y los encarcelados han sido sometidos a hacinamiento y presuntos abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura.
Los críticos también señalan la ruptura de los controles y equilibrios democráticos en todo el gobierno desde que Bukele asumió el cargo por primera vez. Reemplazó a miembros del poder judicial con aliados y se postula nuevamente para presidente a pesar de que la ley constitucional prohíbe un segundo mandato presidencial consecutivo.
Entonces, cuando los salvadoreños voten, se enfrentarán a la pregunta: ¿Vale la pena la seguridad a corto plazo que ofrece Bukele por el grave retroceso de la democracia que está teniendo lugar en El Salvador?