La máxima instancia judicial de Guatemala ordenó este martes al Congreso que los diputados del partido Semilla, del nuevo presidente, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, continúen actuando como independientes y con facultades restringidas.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional pedido por diputados de la oposición derechista con el que los 23 legisladores de Semilla no pueden integrar la junta directiva del legislativo. Tampoco presidir comisiones de trabajo, tras haber sido declarados independientes por la legislatura pasada luego de ser suspendido el partido por la justicia.
El Congreso debe «abstenerse de aprobar y emitir un acuerdo legislativo que pretenda constituir como bloque legislativo a los diputados electos para el periodo 2024-2028 que se encuentren en estatus de independientes», ordenó la Corte.
Según la orden, los congresistas de Semilla no pueden integrarse como bloque o bancada ni contar con todas las prerrogativas por la resolución de un cuestionado juez que inhabilitó al partido el año pasado.
Pese al revés judicial, los diputados de Semilla, la tercera fuerza en el parlamento, mantienen una alianza con otros partidos que llevaron el 19 de enero a elegir una directiva afín a Arévalo.
Esa directiva fue designada después de que la misma Corte anuló a otra elegida el 14 de enero, día del traspaso presidencial, y que era presidida por el diputado Samuel Pérez, de Semilla, al considerar que no podía ostentar el cargo por ser independiente.
El partido Semilla fue suspendido a petición de la Fiscalía después que el socialdemócrata dio la sorpresa en junio pasado al colarse al balotaje presidencial, que ganó en agosto.
La Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, considerada «corrupta» por Estados Unidos, sostiene que existieron irregularidades en la conformación del partido en 2017 y mantiene abierta una investigación por la que intentó quitar la inmunidad a Arévalo como presidente electo.
Arévalo ha señalado que ese y otros casos de la Fiscalía fueron «fabricados» para evitar su investidura por su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica del país.
El nuevo mandatario mantiene vigente un pedido público para que Porras renuncie al cargo. Ella se niega a dimitir y el lunes abandonó una reunión con Arévalo y su gabinete, al argumentar impedimentos legales para participar y violación a la autonomía de la Fiscalía.
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