La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, acudió este lunes a una reunión con el nuevo presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retiró anticipadamente alegando impedimentos legales, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renuncie.
Porras, quien impulsó una cruzada judicial que puso en jaque la investidura de Arévalo, acudió a la segunda citación del nuevo presidente, quien le ha pedido públicamente su dimisión, algo que ella rechaza. Su mandato vence en 2026.
«Lamentablemente me vi en la necesidad de retirarme ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar», afirmó Porras en un video difundido en redes sociales tras abandonar la Casa Presidencial.
Aseguró que acudió a la citación de Arévalo «en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público» (Fiscalía), pero se retiró porque esa reunión interfería con la «autonomía» de la institución que ella dirige.
Arévalo, cuya llegada al poder hace dos semanas ha levantado temores entre la élite tradicional del país, citó a Porras a la sesión del gabinete luego de que ella se negara a reunirse con él el miércoles pasado.
Ese mismo día, la fiscal de 70 años, considerada «corrupta» por Estados Unidos, dijo no dejaría su cargo. Arévalo carece de facultadas para removerla.
Tras la reunión del gabinete de este lunes, Arévalo dijo en rueda de prensa que Porras debe decidir si da o no un paso al costado.
«La solicitud de renuncia es pública y notoria. Es de dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no», declaró el mandatario.
El presidente indicó que la «visita frustrada» de Porras tenía por fin abordar actividades conjuntas y señaló que evaluará «las acciones legales que proceden» ante la «negativa» de Porras de participar en la sesión del gabinete.
La comunidad internacional acusa a Porras de «socavar» la democracia en Guatemala al haber puesto en riesgo la transición presidencial con cuestionadas investigaciones, entre ellas una que consideraba «nulas» las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.
Estas maniobras fueron calificadas por Arévalo como un intento de «golpe de Estado» para evitar que asumiera el poder con su promesa de combatir la corrupción, que encendió las alarmas de la élite política y económica del país.
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