El flamante presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, prometió respetar la libertad de expresión, tema que preocupa a gremios de prensa por «la compleja situación» que han enfrentado los periodistas en los últimos años por acciones de la Fiscalía.
El nuevo gobierno de Guatemala «está comprometido con el respeto y promoción del derecho a la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa», afirmó la noche del jueves el mandatario en su cuenta X, antes Twitter.
Arévalo, quien asumió el poder hace once días, hizo esta declaración tras una reunión privada con delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que visitan el país.
El objetivo de la misión encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, es abordar «la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa».
«Me reuní con directivos (de la SIP y CPJ) para reafirmar mi compromiso con la libertad de prensa. El periodismo es pilar de nuestra democracia y jamás debe ser perseguido o intimidado», insistió Arévalo.
Asimismo, aseguró que en su gobierno «ninguna persona será perseguida por sus opiniones».
Ante ello, anunció que la Secretaría General de la Presidencia retiró una denuncia presentada por el anterior presidente, Alejandro Giammattei, contra un grupo de personas por sus expresiones en la red X.
Los delegados de la SIP y CPJ también tienen previsto visitar en prisión al periodista José Rubén Zamora, fundador del extinto medio El Periódico, encarcelado desde julio de 2022 por una acusación de lavado de dinero, que gremios de prensa atribuyen a una persecución por su trabajo periodístico.
Zamora fue condenado a seis años de cárcel en junio de 2023, pero en octubre un tribunal de apelaciones anuló la condena y ordenó un nuevo juicio, que comenzará el 5 de febrero.
Arévalo asumió el poder tras meses de intensa persecución impulsada por la fiscal general Consuelo Porras, la misma que ha venido hostigando a periodistas y exmagistrados.
Desde que Porras asumió el cargo en 2018 lanzó una cruzada judicial contra operadores de justicia anticorrupción, activistas humanitarios y periodistas, lo cual provocó que unos 30 de ellos se fueran del país. El periodo de la fiscal termina en 2026.
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