En su discurso durante la instalación de la tercera legislatura la presidenta de la CSJ pide presupuesto de al menos 3%, para dar respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia.
A CONTINUACIÓN, EL DISCURSO…
Me complace enormemente comparecer en este solemne Acto de Instalación de la Tercera Legislatura del Congreso Nacional, sobre todo en este día tan especial, en el que recordamos un momento histórico y trascendental, a partir del cual las mujeres hondureñas conquistamos el derecho a dirigir la vida política y social de nuestro país y que, gracias a valientes mujeres, 67 años después, por primera vez, una mujer fue electa para dirigir los destinos de nuestra nación.
Como mujer me siento muy honrada de dirigir un Poder del Estado junto a ocho mujeres con quienes conformamos mayoría en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¡Muchísimas felicidades mujeres de Honduras!
El 2023 fue un año de transformación para nuestro país y de importantes desafíos para quienes integramos el Poder Judicial. Como Corte Suprema de Justicia nos fijamos un propósito común, claro y bien definido de atender con compromiso y resuelta decisión las exigencias de justicia en nuestro país. Es así, que al iniciar esta nueva e histórica gestión, hemos generado un diálogo permanente con los servidores judiciales, representantes de diferentes sectores sociales y de los otros poderes del estado, con el firme propósito de trazar nuestra agenda de trabajo, en el marco de un proceso de apertura, colaboración y participación activa, que hemos traducido en el Plan Estratégico Institucional 2023-2027.
Este plan, contempla cinco ejes principales, con una serie de metas encaminadas a: 1. Promover reformas que propicien una justicia centrada en las personas; 2. Defender la honorabilidad de la función jurisdiccional; 3. Simplificar los trámites judiciales y generar valor público en nuestros servicios; 4. Garantizar el derecho de la población a comprender, mediante el uso de un lenguaje claro y sencillo en las actuaciones judiciales; 5. Eliminar la burocracia y garantizar la transparencia en la gestión de los casos, a través de procesos de transformación tecnológica.
Este plan, comprende la incorporación de la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos, los principios de justicia abierta, la calidad en la gestión, la acción por el clima, entre otros, como elementos transversales de todas las actuaciones y proyectos, a fin de asegurar el acceso a la justicia, especialmente de aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Tenemos una gran labor por llevar a cabo, más aún considerando la dimensión y alcance del Poder Judicial que en la actualidad cuenta con 462 juzgados y tribunales a nivel nacional, para los que laboramos 5,610 servidores judiciales, el 54% mujeres y el 46% hombres, y en el cumplimiento específico de impartir justicia, esta recae en 816 jueces.
Con base en esa última cifra, e iniciando a compartirles los resultados obtenidos en el último año, Honduras dispone de 8 jueces por cada 100 mil habitantes; solo en el 2023 se presentaron 102,708 casos ante los diferentes órganos jurisdiccionales del país, siendo las materias penal y civil en las que se refleja la mayor demanda de justicia, con un 32 y 28 por ciento respectivamente.
Asimismo, los departamentos de Francisco Morazán y Cortes, con un 31 y 20 por ciento, representan los territorios con mayor carga del total de casos presentados.
Por otro lado, los juzgados y tribunales a nivel nacional emitieron 77,545 resoluciones, lo cual, a la luz de las cifras de los ingresos, refleja en términos generales, una capacidad institucional de resolución de un 75% de la demanda anual de justicia.
Las Salas de la Corte Suprema de Justicia emitieron 2,284 resoluciones y reportaron un ingreso de 2,982 expedientes, obteniendo un porcentaje de resolución del 77%.- Además, en este primer año de gestión, realizamos importantes acciones para mejorar la organización y desempeño de los despachos. En adición a los deberes jurisdiccionales, las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia hemos venido realizando una importante labor, visitando diferentes sedes judiciales para escuchar al personal y conocer de primera mano las necesidades en las diferentes regiones del país; de igual forma, nos encontramos liderando equipos de trabajo multidisciplinarios para el diseño e implementación de proyectos encaminados al cumplimiento de las metas estratégicas.
En los casos de mayor sensibilidad para la sociedad hondureña y que ocupan espacios prioritarios en nuestra agenda de trabajo, como ser la sanción a la violencia en contra de las mujeres, causa principal de muerte de las mujeres en Honduras, observamos que en los juzgados que conocen los procesos de Violencia Domestica, ingresaron 14,388 casos durante el 2023, en los que el 92% de las víctimas son mujeres; los departamentos de Comayagua, Cortés y Francisco Morazán son los que presentan la mayor incidencia, centrándose en estos el 52% de las causas; asimismo, se emitieron 11,314 resoluciones en esta materia, siendo la violencia psicológica la más declarada por los jueces, seguida de la física.- Del total de resoluciones, el 50% se emitió con lugar, el 12% sin lugar y el 38% fueron declaradas caducadas por abandono, situación que nos pone en alerta y sobre la que invitamos a la reflexión a todas las instituciones que conformamos el sistema de justicia, inclusive a este Congreso Nacional y las organizaciones de sociedad civil, debemos unir esfuerzos en las políticas, reformas y acciones que se requiera llevar a cabo a fin de garantizar el debido acompañamiento, para que las mujeres no abandonen los casos.
Compañeros jueces, fiscales, policías, no olvidemos que detrás de un expediente declarado en abandono hay varias vidas en riesgo, procuremos ser luz para aquellas mujeres valientes que rompieron el silencio y vieron una esperanza en nosotros.
Tenemos que desvirtuar el paradigma del círculo de la violencia, empoderar a nuestras mujeres, restaurarles su valor y autoestima, sì hacemos el trabajo que a cada uno nos corresponde con amor y entrega, teniendo siempre presente que cada actuación, dictamen, medida de protección que ejecutemos tienen un propósito mayor e impacta la vida de miles de mujeres y niños que sufren violencia en sus hogares, tengan plena certeza que si nos unimos lo lograremos.
Desde el Poder Judicial, iniciamos el año pasado el diseño del Observatorio de Justicia y Género, con la finalidad de abordar a profundidad esta problemática, asimismo, creamos el modelo de atención judicial integral para casos de violencia doméstica, niñez y familia, el cual inauguraremos este año en las ciudades de Santa Rosa de Copán, Choloma y El Progreso; estamos trabajando fuertemente en los procesos de nombramiento, capacitación de jueces, adecuación de espacios, entre otros, con el propósito de garantizar el abordaje y la atención especializada que pretendemos brindar.
Respecto a los delitos contra la vida de mujeres, ingresaron 128 casos, con 144 víctimas, número que a la luz de las 370 muertes de mujeres que de conformidad a los datos aproximados que han reportado diferentes instituciones, tuvieron lugar en el año 2023, nos indica que sólo el 39% de esos crímenes está siendo judicializado. A su vez, sólo 24 muertes de mujeres fueron presentadas ante los juzgados como femicidios, lo que representa un 6% de judicialización por ese tipo de delito.
Por otra parte, en temas de familia ingresaron 14,603 casos, siendo la demanda de alimentos una de las causas principales de ingresos; en respuesta a esta problemática social estamos desarrollando, en el marco de la Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, liderada por el Poder Judicial y la Comisión de Equidad de Género del Poder Legislativo, el registro de deudores alimentarios, con el propósito de dar cumplimiento a las reformas del código de familia.
Igualmente, y considerando la demanda significativa de justicia en materia penal, así como su relevancia en el contexto de seguridad nacional, destacamos los siguientes datos:
- El mayor número de delitos de los casos ingresados en el 2023, fueron por narcotráfico y portación ilegal de armas.
- El 60% de las victimas de los casos ingresados a los juzgados y tribunales penales a nivel nacional fueron mujeres y niñas;
- Ante el paro de labores de los fiscales, que tuvo lugar el año pasado, los jueces de paz con competencia en materia penal realizaron una grandiosa labor, asumiendo el levantamiento e identificación de aproximadamente 140 cadáveres, a fin de no interrumpir el proceso penal establecido y salvaguardar la salud de la población.
- Fusionamos los órganos jurisdiccionales de los circuitos de extorsión, corrupción, competencia territorial nacional y el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en delitos tributarios, convirtiéndolos en el “Circuito Judicial Con Competencia Nacional En Materia De Criminalidad Organizada y Corrupción”, con la finalidad de una distribución equitativa de la carga laboral y la optimización racional del talento humano, los recursos materiales y la reducción de la mora judicial. El circuito de corrupción solo conoció 97 casos durante los seis años de funcionamiento individual y por otro lado el de extorsión conoció más de 2,000 casos.
En el año 2023, la Defensa Pública brindó asistencia legal a 38,581 personas, a través de la importante labor que realizan 292 defensoras y defensores a nivel nacional, representando al 22% de la población penitenciaria.
Instalamos la Mesa Técnica Interinstitucional para el descongestionamiento del sistema penitenciario, siendo parte de ella la Defensa Pública, los Juzgados de Ejecución, el Instituto Nacional Penitenciario, entre otros, teniendo como fin primordial el des-internamiento de aquellos privados de libertad que contaban con los requisitos necesarios para optar por el beneficio de Libertad Condicional, así como aquellas personas con enfermedades en fase terminal.
En nuestra labor administrativa, actualmente, la Dirección de Personal de la Carrera Judicial, cuenta con un liderazgo firme que ha fortalecido todas las unidades, con una visión centrada en las personas, trabajando arduamente en el rediseño y mejoramiento de los procesos de selección, evaluación, motivación y disciplinarios.
En solo 10 meses de nuestra gestión, se han realizado diferentes procesos de nombramiento y movimientos de personal, para cubrir parte del número de servidores judiciales que se requieren para dar respuesta a la gran demanda de justicia en nuestro país.
Aperturamos una clínica médica en la ciudad de San Pedro Sula, garantizando con la ya existente en Tegucigalpa, una atención médica inmediata a los servidores judiciales de los territorios con mayor carga laboral.
Estamos y continuaremos llevando a cabo rigurosos procesos disciplinarios, fundamentados en legal y debida forma; durante el año 2023 incrementamos el número de inspecciones en los órganos jurisdiccionales y aplicamos sanciones disciplinarias a 128 servidores judiciales. Vamos a garantizar la integridad judicial y no nos temblará la mano en el logro de ese objetivo.
Para nosotros, es prioridad asegurar un proceso de transformación institucional que parta del fortalecimiento de las habilidades y competencias de los servidores judiciales, para ello, destacamos la puesta en funcionamiento de la Escuela Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de atender adecuadamente las necesidades de formación de la zona noroccidental del país.
Una de nuestras principales aspiraciones es acelerar el proceso de modernización en la administración de justicia, con el desarrollo de audiencias y juicios virtuales y fortaleciendo el Sistema de Expediente Judicial Electrónico.
En ese sentido, queremos destacar el trabajo realizado con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario en la restauración de 8 contenedores que se encontraban totalmente abandonados y que ahora sirven como salas de audiencias virtuales, ubicadas en los Centros Penitenciarios, logrando que las personas privadas de libertad puedan estar presentes en audiencias judiciales virtualmente desde el centro penitenciario, reduciendo significativamente el desarrollo de los juicios en términos de tiempo, costo y seguridad; durante el año 2023 se desarrollaron 105 audiencias virtuales en los Centros Penitenciarios ubicados en Támara, Ilama y Morocelí, entre otros, a través de las cuales fue posible la conexión con 14 órganos jurisdiccionales.
Respecto a la Infraestructura del Poder Judicial, hemos identificado en estos meses que una de las necesidades más apremiantes, es la adecuación de los espacios físicos en los que se encuentran los juzgados y tribunales a nivel nacional; la mayor parte de las 321 instalaciones que albergan las diferentes sedes judiciales del país, no reúnen las condiciones mínimas adecuadas para el funcionamiento y atención de las personas usuarias.
Aunado a lo anterior, el 52% de esos edificios son arrendados, lo que implica que anualmente debamos destinar una gran cantidad de recursos en gastos de alquileres, y la dificultad de tomar acciones para su debida adecuación.
Quiero expresarles que uno de nuestros mayores anhelos, es lograr un verdadero acercamiento del Poder Judicial con la población, mediante el cual los ciudadanos dejen de percibir la justicia fría y distante y confíen plenamente en la institución, en esa ruta, hemos encontrado un camino en la filosofía de Justicia Abierta, sumándonos a los esfuerzos de país contenidos en los 14 compromisos del Plan de Acción de Estado Abierto 2023-2025.
Para ello, hemos creado y coordinado redes de trabajo con diferentes actores de la sociedad para el logro de objetivos comunes, como las mesas técnicas a las que nos hemos referido, la labor de las comisiones interinstitucionales de justicia y la ejecución de una importante cartera de proyectos que ya estamos llevando a cabo con la cooperación internacional, a quienes es propicio agradecerles su confianza en esta institución y reafirmarles nuestro compromiso en las acciones acordadas.
A la luz de ese anhelo, reconocemos y abrazamos la magnífica labor del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, como el ejemplo más noble de justicia abierta, a través de la vocación de 2,605 ciudadanos, lideres ejemplares, que viven en los lugares más remotos de nuestra nación y realizan un voluntariado invaluable en el acercamiento de la justicia a las comunidades.
Y más allá de estas iniciativas, nuestro compromiso con la Justicia Abierta es hacer de esta filosofía nuestro pan del día a día, invitando desde ya, a todos los que trabajamos por la justicia de nuestra nación a incorporar los principios de TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN en nuestro trabajo diario.
Finalmente, agradezco y aprovecho este espacio para solicitarles muy respetuosamente el cumplimiento de la asignación presupuestaria constitucional de al menos el 3% de los ingresos corrientes de la República, con el propósito de dar una respuesta pronta y efectiva a la demanda de justicia en el país; reafirmando nuestro firme compromiso de estar a la altura de nuestras responsabilidades y ser capaces de superar cualquier diferencia, para poder escribir una nueva página en la historia del Poder Judicial, que contribuya al desarrollo y bienestar social que merece esta bella nación.
¡Muchisimas Gracias!
Rebeca Lizette Ráquel Obando
