En el marco de la conmoción por el asesinato del fiscal que investigaba el asalto a un canal televisivo en Ecuador, en las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de otro funcionario judicial. Se trata de Jorge Fernando Viteri González, quien trabajaba en Quito y cayó desde un octavo piso.
La violencia vinculada con el narcotráfico en Ecuador parece no tener límites, alcanzando a candidatos presidenciales, periodistas y funcionarios judiciales. Luego del asesinato de César Suárez, quien investigaba el ataque al canal televisivo TC, encontraron muerto a Viteri, un funcionario judicial de 41 años.
Según la prensa ecuatoriana, el hombre cayó desde el octavo piso del edificio Foresta, ubicado en la avenida Carvajal del norte de Quito, en la tarde de este jueves. Aunque el contexto nacional lleva a encender las alarmas frente a esta nueva muerte, las autoridades policiales de ese país aseguran que lo más probable es que el hombre se haya suicidado.
La estrecha relación entre la dolarización y el crecimiento del narcotráfico en Ecuador
“Estamos seguros que se trató de un suicidio. Hemos examinado las cámaras y de eso se trata. Su familia nos ha dicho que sufría depresiones y que ya había intentado quitarse la vida en dos ocasiones”, dijo el teniente coronel Geovanny Rodríguez, jefe subrogante del Distrito Eugenio Espejo, según citó el portal ecuatoriano La República.
El mensaje de los fiscales argentinos sobre la situación de Ecuador
El fallecimiento de Viteri, que todavía se está investigando, ocurre un día después del asesinato del fiscal César Suárez. Entre las repercusiones de este último crimen, se contó el pronunciamiento del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de nuestro país.
A través de un comunicado, esas organizaciones repudiaron “el brutal asesinato” del funcionario judicial ecuatoriano y, llevando la preocupación a nuestro país, advirtieron que «la situación que atraviesa hoy Rosario es de máxima gravedad y que puede desembocar en hechos lamentables como los que está viviendo el país hermano de referencia».
Tras expresar el “más enérgico repudio” por el crimen del fiscal, reiteraron “la convocatoria efectuada hace años a distintas administraciones de los tres poderes del nuestro Estado Nacional” de «planificar estrategias que se erijan en verdaderas políticas de Estado, a fin de evitar que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas y comprometan la gobernabilidad y la paz social”.
«Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de Estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo”, añadieron según citó Télam. Además, señalaron que “las medidas coyunturales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo”.
“Las muertes de este último año y las amenazas a fiscales, funcionarios y hasta al propio gobernador constituyen un triste reflejo de lo que exponemos”, añadieron y al respecto señalaron que “este panorama, con diferentes matices, no es patrimonio exclusivo» de la ciudad santafesina.
