El gobierno de Nicaragua canceló el miércoles la personería jurídica de diez oenegés, entre ellas una evangélica que según la policía era «fachada» para lavado de dinero y por la que indaga a tres estadounidenses.
La organización «Puerta de la Montaña» y las nueve oenegés incumplieron con la legislación y «no reportaron por periodos de entre uno y hasta 12 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos», dijo una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior) publicado en el diario oficial La Gaceta.
Los bienes de los organismos pasan a manos del Estado de acuerdo con la ley que regula las asociaciones, según la resolución firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch.
Puerta de la Montaña estaba inscrita desde abril del 2015, y según Gobernación obstaculizó el control estatal «al no promover políticas de transparencia en la administración» del organismo sin fines de lucro.
La policía dijo el lunes que detuvo a 11 nicaragüenses e investiga a tres estadounidenses por presunto lavado de dinero a través de la Puerta de la Montaña para adquirir bienes en el país centroamericano.
Los estadounidenses John y Jacob Britton Hancock, respectivamente presidente y miembro de Puerta de la Montaña, llegaron a Nicaragua en 2013 con el financiamiento de su compatriota Bruce Wagner, para establecerse como organización religiosa evangélica.
Entre los organismos cancelados figuran otros de carácter religioso como las asociaciones Apostólica Hechos 22:16, el Ministerio Internacional Restauración Berea, el Instituto Internacional de la Biblia Thompson, Bridge of Hope International e Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia.
También figura el Movimiento Comunal Nicaragüense y la Asociación Mutua del Campo, así como organismos agropecuarios como la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados y Criadores de Ganado Brahman de Nicaragua.
La Gobernación también permitió el cierre por «disolución voluntaria de miembros» de otras tres oenegés.
Nicaragua soportó las leyes sobre las oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Entre los casi 3.500 organismos clausurados desde 2018 figuran varios ligados a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos en octubre y la Compañía de Jesús en agosto, tras confiscar la universidad jesuita de Managua bajo acusación de «terrorismo», así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
