(AFP) Un tribunal peruano inició este lunes el juicio oral contra el octogenario expresidente Alberto Fujimori por una matanza de seis campesinos perpetrada por militares bajo su gobierno (1990-2000), en un caso que podría costarle, de ser hallado culpable, una nueva condena a 25 años de prisión.
Pese a haber sido excarcelado este mes por la restitución de un indulto tras 16 años preso, Fujimori debe comparecer en el último proceso pendiente con la justicia de su país.
El crimen por el que se le acusa ocurrió en el marco de la guerra contra el terrorismo que emprendieron las fuerzas armadas contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista MRTA, que dejó en total unas 70.000 muertes y 20.000 desaparecidos entre 1980 y 2000.
Fujimori, de 85 años, participó de la audiencia vía remota junto a su abogado Elio Riera instalado en la casa de su hija Keiko, donde vive desde que dejó la cárcel el 6 de diciembre luego que el Tribunal Constitucional le restituyera un indulto de 2017 «por razones humanitarias».
El exmandatario habló con voz entrecortada sólo para responder ante la jueza dónde se encontraba. Vestía camisa y chaleco oscuros.
Fujimori estaba sentado y conectado a un pequeño balón de oxígeno mediante una sonda. Entre sus dolencias figuran cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión.
«Tenemos que demostrar la inocencia del expresidente. Lo importante es que ninguna de las personas lo vincula a él (con las muertes)», dijo su abogado.
En febrero de 2018, el Poder Judicial resolvió que «carece de efectos jurídicos» para el Caso Pativilca el indulto que Fujimori recibió.
La audiencia duró 180 minutos en la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, que debe resolver el pedido fiscal de 25 años de cárcel contra los responsables del asesinato de seis campesinos cometido en enero de 1992 por un escuadrón de la muerte del ejército conocido como «grupo Colina».
Los fiscales del caso Pativilca atribuyen a Fujimori la «autoría mediata» de la matanza, tipificación que involucra a la cadena de mando de una organización. La ley peruana establece que el presidente es «el jefe supremo de las Fuerzas Armadas».
La «autoría mediata» es el mismo cargo que usó la fiscalía en 2009 para condenarlo 25 años por la muerte de 25 personas en dos matanzas de 1991 y 1992.
El expresidente, de ancestros japoneses, es procesado junto a 22 personas. Entre ellos su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, el exjefe del ejército Nicolás Hermoza y el mayor Santiago Martín Rivas, líder del escuadrón. Todos ellos están presos.
El hecho ocurrió en Pativilca, un pueblo agrícola de la costa situado unos 200 km al norte de Lima.
