El gobernador Greg Abbott lleva ya dos años desafiando a la administración Biden en la gestión de la crisis migratoria: enviando autobuses llenos de migrantes al norte, encarcelando a miles por allanamiento, colocando un «muro flotante» en el río Grande y alambre de espino, entre otras cosas.
Para Abbott, Biden es responsable de la crisis migratoria por su supuesta política de fronteras abiertas. La Casa Blanca responde que el presidente protege el debido proceso migratorio, atado de manos por un sistema obsoleto, aprobado por el Congreso hace décadas.
Así las cosas, el más reciente desafío a la competencia del gobierno federal en materia migratoria del gobernador de Texas llega en forma de un proyecto de ley aprobado el martes por el Congreso estatal para otorgar a la policía autoridad para arrestar a migrantes y que jueces locales puedan dictaminar su expulsión del país.
El proyecto contiene la regulación más estricta contra la inmigración irregular del país. Incluso un senador estatal republicano expresó su rechazo por ir demasiado lejos.
Qué contiene el proyecto de ley que ahora aguarda la firma del gobernador Abbott
La idea de autoridades texanas arrestando a inmigrantes no es nueva. En los seis primeros meses de administración Biden, ya habían llegado a acuerdos con terratenientes para que los denunciaran por allanamiento cuando entraban en sus propiedades.
Pero el nuevo proyecto, la iniciativa crea un delito estatal por entrada no autorizada a Texas desde un país extranjero, un delito leve en la primera infracción. El proyecto precisa que el cargo criminal aumentaría a grave estatal con un delito posterior.
La medida también faculta a que un juez o magistrado de condado ordene que el inmigrante o extranjero detenido por entrada ilegal al estado de Texas regrese a un puerto de entrada, pero solo después de que se haya verificado toda la información de identificación del detenido y se haya cotejado con bases de datos estatales y federales.
Por contra, la ley federal de inmigración sanciona el ingreso indocumentado como una falta de carácter civil no criminal. Es más, entre las prioridades de deportación del gobierno de Biden no se contempla la presencia indocumentada como una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos, como lo hizo Trump el 25 de enero de 2017.
Los críticos dicen que la ley de Texas podría conducir a la discriminación racial o al arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes que se encuentran en el país legalmente. Los demócratas también dijeron que haría que los indocumentados que sean víctimas de delitos tendrán miedo de contactar a la policía.
La Unión para las Libertades Civiles de EEUU (ACLU) ha catalogado los esfuerzos antiinmigrantes tanto de la legislatura como del gobernador de Texas como un “ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes.
Y ha advertido que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).
Uno de los republicanos que avaló el proyecto, el representante estatal David Spiller, dijo que la ley no se aplicaría a los residentes que hayan estado en el país durante más de dos años. Defendió el proyecto de ley por tener suficientes barreras de seguridad y dijo que se aplicaría principalmente cerca de la frontera.
«Esto no es ‘reunir a todos los que están aquí ilegalmente y enviarlos de regreso a México'», dijo Spiller a un comité legislativo la semana pasada.
Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a los legisladores que sería “casi imposible” que la ley se aplicara en cualquier condado que no estuviera directamente a lo largo las 1,200 millas de frontera de Texas con México, porque un agente necesitaría pruebas de que un migrante había cruzado ilegalmente.
“Sería exagerado”, dijo McCraw.
