El Gobierno de Perú promulgó el decreto que modifica la Ley de Migraciones para establecer un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, que acelerará la expulsión de personas extranjeras en situación irregular.
El procedimiento sancionador se aplicará a las personas que ingresen al país sin pasar por el control migratorio y también por realizar actividades que «ponen en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana», al quedar establecidos como infracciones del artículo 58 de la Ley de Migraciones.
Este procedimiento excepcional incluye una audiencia única, virtual o presencial, que «no podrá exceder» las 24 horas desde que se hizo la retención administrativa de la persona extranjera llevada a cabo por la Policía Nacional. Asimismo, esta medida consta de una fase instructora y otra sancionadora, que empieza con la imputación de cargos de la autoridad de migraciones, con un reporte de la Policía Nacional y concluye con la notificación de la resolución de la autoridad sancionadora.
Si en el proceso se comprueba la infracción, Migraciones emitirá una resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata, pero -si se necesitan actuaciones adicionales- el caso será derivado a las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario.
Por su parte, las empresas de transporte interprovincial también estarán sujetas a sanciones, bajo la nueva ley, para trasladar a personas migrantes irregulares. La Superintendencia de Migraciones también está facultada para sancionar a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que deben enviar la información de registro y control de tripulantes, «antes de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio peruano».
Además, la norma permite a Migraciones fiscalizar los servicios de hospedaje, que tienen la obligación de «facilitar» las acciones de verificación migratoria, pues en caso contrario pueden ser sancionados.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró un día antes que las personas migrantes irregulares «tienen que regresar a su país, así de claro y sencillo, esa es la decisión que ha tomado el Gobierno».
«Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan, no es un país al que pueda ingresar quien le dé la gana vulnerando las normas, acá lo que hay que asegurar es la paz y la seguridad de 33 millones de peruanos», agregó.
