La Justicia de Argentina solicitó este jueves reforzar la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante nuevas amenazas de integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, vinculada al atentado que sufrió la dirigente peronista en septiembre de 2022, reporta la agencia Télam.
El fiscal federal Gerardo Pollicita le informó al Ministerio de Seguridad que se «tomen los recaudos que consideren necesarios», luego de que se conocieran mensajes de un miembro de la organización que podrían considerarse riesgosos para la política.
El funcionario judicial reconoció «la existencia de un riesgo cierto de que los mensajes de la agrupación se traduzcan en la comisión de conductas penalmente relevantes».
Pollicita respondió así a la solicitud que presentaron el 22 y 23 de octubre los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes reclamaron «de manera urgente» que se garantice la seguridad de su defendida, «al menos, en lo que hace a las amenazas de Revolución Federal».
Los mensajes intimidantes
«Mañana CFK vuelve a Buenos Aires. Mañana vuelve Revolución Federal», escribió el domingo tras las elecciones Leonardo Sosa, miembro de esa organización, en la red social X (antes Twitter).
Y expresó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre frente al postulante del oficialismo, Sergio Massa: «Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada» (Casa de Gobierno), señaló.
También hizo una referencia irónica al domicilio de la vicepresidenta en Buenos Aires, donde el 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel, actualmente detenido, gatilló un arma cargada en la cabeza de la política.
«¿Adónde es el búnker de Milei? ¿Es verdad que es en Juncal y Uruguay?», dijo en alusión a las calles donde se ubica el departamento de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta.
Sosa es uno de los procesados en la causa que investiga amenazas contra la líder peronista, pero, a pesar de los pedidos de la defensa, ese expediente nunca fue unificado con el que indaga sobre el intento de magnicidio.
Si bien no hay pruebas de una acción directa de parte del militante, previo al ataque fallido la agrupación de ultraderecha organizó manifestaciones cargadas de violencia política contra figuras del Gobierno.
