Cuatro exjefes militares, investigados por el caso ‘Golpe de Estado I’, aceptaron su responsabilidad en los hechos que llevaron al derrocamiento del expresidente boliviano Evo Morales y a la crisis política y social que se generó en 2019, y pidieron someterse a un juicio de procedimiento abreviado.
En declaraciones a Bolivia TV, el abogado Eusebio Vera informó que presentó «el memorial correspondiente» y el acuerdo que alcanzaron sus defendidos con la Fiscalía.
Los exmilitares son los excomandantes de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; de la Armada, Palmiro Jarjury; del Ejército, Jorge Mendieta y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce San Martín.
Por su parte, Jarjury admitió la comisión de los delitos de «encubrimiento y asociación delictuosa», mientras que Terceros se responsabilizó por los delitos de «cohecho pasivo propio, uso indebido de bienes y servicios públicos y asociación delictuosa en calidad de encubrimiento».
El defensor de ambos dijo que, aunque se responsabilizaron por esos delitos, no asumieron culpa por los delitos de terrorismo. Se espera que Jarjury cumpla una pena de dos años, mientras que Terceros, de tres.
Los otros exmilitares
Mendieta, publicó El Deber, manifestó en un escrito dirigido a la Fiscalía y divulgado por la prensa que se sometería de forma «voluntaria» al juicio abreviado. Además, afirmó que en los hechos ocurridos en 2019 habría cometido los delitos de «asociación delictuosa y encubrimiento».
Por su parte, Arce San Martín también expresó su decisión de someterse a un procedimiento abreviado por los delitos de «encubrimiento y asociación delictuosa».
Según los argumentos de los exjefes militares, estos habrían tenido conocimiento de la supuesta reunión entre el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman Romero, quien sugirió en declaraciones públicas la renuncia de Morales de la presidencia, días después de que el entonces mandatario ganara las elecciones presidenciales y convocara a otras en medio de una crisis social.
En el llamado caso ‘Golpe de Estado I’, la denuncia fue hecha por la diputada Lidia Patty, quien responsabilizó de haber participado en la salida de Morales a miembros del alto mando militar y al exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre pasado por los presuntos delitos de terrorismo, racismo, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
