La migración es uno de los problemas que preocupa a los líderes del mundo en este momento, por lo que los gobiernos han comenzado a hablar de soluciones en conjunto, pero las cifras siguen sin dar tregua. Sólo este año 1,7 millones de migrantes llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos, según el Gobierno de México.
La inmigración se está convirtiendo en un enorme problema político en ambas naciones, que celebran elecciones presidenciales el año que viene.
Es muy difícil poder manejar estos números si no tenemos una política donde la migración no sólo se maneje entre México y Estados Unidos, sino también desde el norte de Sudamérica hacia Estados Unidos, dijo esta semana ante el Congreso la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agregó que los países latinoamericanos, en un frente unido, deben entonces «buscar la cooperación del gobierno de Estados Unidos».
Esta vez, a la conferencia de Chiapas asisten los presidentes de Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela. También el primer ministro de Haití, Airel Henry.
Bárcena dijo que la cumbre busca desalentar la migración a través de programas económicos, abordar las sanciones de Washington a Venezuela y Cuba y discutir «vías de movilidad laboral» hacia Estados Unidos.
La cumbre mexicana es un bienvenido comienzo para el «diálogo con los países del sur», pero podría no lograr mucho, dijo Dolores Paris Pombo, investigadora sobre migración.
Acuerdos de EE.UU. con México y Venezuela
En medio de las sanciones económicas de EE.UU. y de una crisis política y económica, según la ONU, unos 7,1 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años creando desafíos para sus vecinos sudamericanos.
Además, la incoherente política de inmigración de EE.UU. -que oscila enormemente entre el ex presidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden- agrava el problema en América Latina, dijo Paris Pombo.
Desde que asumió el cargo en 2021, el demócrata Biden ha abierto una serie de nuevas vías legales para los inmigrantes, al tiempo que ha adoptado algunas medidas fronterizas más restrictivas que se hacen eco de las políticas de su predecesor republicano Donald Trump.
Biden ha llevado a cabo varias políticas para frenar la cantidad de inmigrantes indocumentados que llegan a EE.UU., por ejemplo llegó a un acuerdo con el presidente venezolano Nicolás Maduro (a pesar de que Washington no reconoce la reelección en 2018). Unos 130 migrantes venezolanos llegaron de vuelta a su país el miércoles en un avión fletado desde Estados Unidos, así se reanudaron las deportaciones a Venezuela, que llevaban mucho tiempo paralizadas.
Al mismo tiempo, también ofreció protección contra la deportación a 472.000 venezolanos para permitirles obtener permisos de residencia y trabajo en un plazo de 18 meses, aunque esto sólo se aplicaría a los que llegaron antes del 31 de julio de este año.
Como parte del esfuerzo por promover la migración legal ha creado una serie de las llamadas «Oficinas de Movilidad Segura» en Colombia, Costa Rica, Guatemala y, más recientemente, Ecuador, para agilizar la tramitación de refugiados y otros permisos humanitarios y de empleo.
Y en septiembre, las autoridades mexicanas y estadounidenses llegaron a un acuerdo para que México deportara a algunos migrantes expulsados allí desde Estados Unidos.
El planteamiento fronterizo de Biden ha suscitado duras críticas de los republicanos e incluso de algunos demócratas en ciudades que se enfrentan a un gran número de solicitantes de asilo, que llegan con escaso apoyo y con recursos locales desbordados.
