PRONUNCIAMIENTO:
MP criminaliza a defensores de la tierra para favorecer a agroindustriales y mineros en el Aguán
La Plataforma Agraria Regional del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), nos pronunciamos ante el pueblo hondureño, la comunidad internacional, organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos y medios de comunicación de la siguiente manera:
1. Que la mañana del jueves 19 de octubre miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), detuvieron al compañero Janier Alexander García vicepresidente de la Cooperativa Agropecuaria Campesina Tranvio, ubicada en la comunidad de Quebrada de Arena del municipio de Tocoa, Colón.
El compañero Janier Garcia fue capturado en la salida del municipio de Tocoa cuando se trasladaba a participar en el Foro » Importancia del Cooperativismo» que se desarrollaba en el salón Guadalupe Carney, posteriormente fue trasladado a la estación de la Policía en Tocoa. Al momento de su detención los agentes de la DPI quitaron su teléfono y negaron el derecho a una llamada para informar a su familia y compañeros de bases sobre su detención.
2. Que el compañero Janier Garcia es vicepresidente de la cooperativa agropecuaria Campesina Tranvio la cual es firmante de los acuerdos con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro del 22 de febrero, 2022. Ha sido reconocido por su labor en la defensa de la tierra, ha denunciado públicamente la persecución, criminalización de compañeros y compañeras campesinas, además de los abusos y el uso de la fuerza desmedida de las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.
3. Que según expediente 51-2023 el compañero Janier Garcia está siendo acusado junto a ochos defensores más por los supuestos delitos de USURPACION AGRAVADA, en perjuicio de la Empresa agrícola Santa Inés S.A en los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
4. Que el compañero Janier Garcia fue trasladado de inmediato a la ciudad de Tegucigalpa, donde se le celebrara la audiencia inicial en el Juzgado de jurisdicción nacional como si fuese delincuente de alta peligrosidad. La audiencia de presentación de imputado de celebrara hoy a las 9:00 de la mañana.
5. Que el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas del Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional ordeno desalojo contra las familias de la Empresa Asociativa de Campesinos Isleta (EACI), que han sido víctimas del despojo y fraude por parte de la empresa estadounidense e irlandesa Dole PLC, con sede en Charlotte, NC, empresa propietaria de la Empresa Agrícola Santa Inés (ASISA). “Desde 1979, la bananera estadounidense tomó control de EACI con el apoyo del ejército de Honduras y escuadrones de muerte, hasta que, en 1990, Dole despojó directamente las tierras por medio de su subsidiario ASISA/Dole”.
6. Que el pasado 14 de octubre miembros de la Policía Nacional que custodian las tierras que ha usurpado durante décadas la empresa agrícola Santa Inés S.A, montaron emboscada en contra las familias campesinas de la EACI, asesinando al joven campesino Kerin Azahel Meza Ordoñez de 18 años, asimismo retuvieron y torturaron a otro socio de la EACI amenazándole con asesinarle y tirarlos al rio Aguán.
7. Exigimos al Ministerio Publico que con la misma diligencia en que actúan para criminalizar defensores de la tierra y el agua se requiera de inmediato a los policías y guardias de seguridad de la empresa “Seguridad de ASISA/Dole” que estuvieron en servicio y dispararon desmedidamente contra la humanidad de nuestros compañeros asesinados y torturados la noche del 15 de octubre a lo interno de la finca EACI a inmediaciones del portón Guanacaste, en el municipio de Sonaguera.
8. Que las familias de la empresa campesina EACI nunca dio su consentimiento para la venta de estas tierras, a pesar de que la empresa estadounidense Dole se jacta de ser propietario en base de escrituras fraudulentas sobre una porción, no la totalidad de las tierras.
En 1985 el ejército de Honduras, con el apoyo de escuadrones de muerte que instalo en la región, puso la producción de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI) bajo el control directo de la empresa estadunidense Dole Food Company, por medio de su empresa subsidiario Standard Fruit Company. En 1977 los campesinos socios de la EACI recibieron 4,036 hectáreas de tierra, campos bananeros que la empresa Standard había abandonado tras huracán Fifí. Standard y el ejercito usurparon las funciones de la asamblea de EACI y nombraron una junta directiva de la EACI fraudulenta, de esta forma mantuvieron terror en las comunidades de EACI por los constantes hechos de lesa humanidad, asesinatos y torturas que realizaron.
9. Que las familias campesinas de la EACI nunca aceptaron la venta fraudulenta de sus tierras, y actualmente EACI litiga una demanda civil para anular la escritura de compraventa fraudulenta sobre sus tierras, por lo que no proceden acciones penales. El accionar parcialidad del estado está evidenciado en que las autoridades no responden a las denuncias en contra el ASISA/Dole por la usurpación en contra de EACI.
10. Demandamos al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas del Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional actúe con independencia, imparcialidad, objetividad y aplique la Ley de manera justa en el caso de nuestros compañeros perseguidos por la justicia hondureña por la lucha pacífica de reivindicación de sus derechos.
11. Denunciamos que el expediente 51-2023 está declarado en secretividad, lo que representa un atropello al derecho de defensa, orientada únicamente a obstaculizar que EACI tenga la oportunidad de defender sus legítimos derechos.
12. Que estaremos realizando acciones de protesta pacifica para exigir la liberación de nuestro compañero Janier Garcia y condenar la orden de desalojo emitida por el juez Marco Vallecillo del juzgado de jurisdicción nacional a favor de la Empresa agrícola Santa Inés S.A.
13. Exigimos al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas que respete la posesión de la tierra de la familia de la empresa campesina de la EACI, mientras no se desarrolle la investigación de legalidad y legitimidad como lo establece las líneas de trabajo de la Comisión de Seguridad Agraria nombrada el 6 de junio del presente año por la presidenta de la república Xiomara Castro.
14. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de sociedad civil y derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUD) y la secretaria de Derechos Humanos a acompañar el proceso de criminalización contra nuestro compañero Janier Garcia para garantizar se respete el debido proceso, asimismo el desalojo programado para las próximas horas contra las familias campesinas de la EACI.
Dado en la ciudad de Tocoa a los 20 días del mes de octubre, 2022
