En representación del Estado venezolano, el canciller Yván Gil presentó este martes ante el 139.° periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el quinto informe periódico del país suramericano en materia de protección y garantía de derechos, donde también aludió al sesgo presente en las intervenciones de algunos evaluadores.
En su exposición, Gil recalcó el efecto negativo de la «perversa estrategia de cambio de régimen promovida por el Gobierno de los EE.UU. de América y la ultraderecha internacional», apoyada en la imposición de sanciones y diversas estrategias para derrocar al Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido tanto documentado como rechazado por distintas agencias de la ONU.
En este contexto, llamó a recordar que «desde el año 2013, sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional, han promovido y financiado recurrentemente manifestaciones violentas en el país, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada».
Los avances
En su inventario, Gil dio cuenta de la aprobación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional electa en 2020 destinadas a la «protección de los derechos civiles y políticos de la población venezolana», políticas públicas orientadas a la igualdad y la justicia social, diálogo con todos los sectores de la vida nacional, garantías plenas para el ejercicio del activismo en pro de los derechos humanos, avances en los derechos para las mujeres y la población sexodiversa y libertad efectiva de asociación, entre otros asuntos.
Apuntó asimismo que, de conformidad con el enfoque de diálogo y reconciliación, en 2020, «el jefe de Estado otorgó un indulto a cientos de personas procesadas penalmente por su participación en hechos contra la estabilidad democrática del país».
