Guatemala se encuentra sumergida en un clima de creciente tensión política y social. Por tercer día consecutivo, las principales rutas del país se encuentran bloqueadas por cientos de indígenas y campesinos , en una manifestación que exige la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de tramitar un supuesto golpe de Estado para impedir la toma de posesión del Presidente electo, Bernardo Arévalo.
Giammattei critica las protestas
Desde el lunes, los manifestantes han mantenido cerrados al menos 21 segmentos de carreteras importantes, como la Interamericana, y rutas a fronteras estratégicas con México, El Salvador y Honduras, en adición al bloqueo del acceso al Puerto Quetzal en el Pacífico. El aeropuerto internacional La Aurora también ha sido resguardado por fuerzas de seguridad ante potenciales intentos de toma por parte de los manifestantes, según informó la Aeronáutica Civil.
El gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei dijo este miércoles en un comunicado que reconoce el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero sin «atentar contra la integridad, el derecho a la vida, ni la libre locomoción de los guatemaltecos».
Reacciones internacionales
La protesta se encendió tras las controvertidas de la Fiscalía, como los allanamientos en la sede acciones del tribunal electoral y los intentos de despojar de inmunidad a los magistrados , así como intentar anular al partido Semilla de Arévalo. La fiscal Porras, junto a otros funcionarios judiciales, son actualmente objeto de investigaciones y señalamientos internacionales por corrupción y acciones antidemocráticas.
Bernardo Arévalo, ganador del balotaje el pasado 20 de agosto, ha sido un blanco de numerosas intervenciones judiciales desde julio, intentando invalidar su candidatura y la de su partido por un caso de firmas falsas en 2018. La injerencia política en estas investigaciones ha sido condenada tanto nacional como internacionalmente, con actores como la OEA pidiendo frenar la persecución política.
