La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes (12.09.2023) extender por 30 días más la implementación de un régimen de excepción, una medida vigente desde finales de marzo para combatir a las pandillas y que sería la decimoctava prórroga avalada por dicho órgano.
La iniciativa, que fue presentada horas antes de su votación por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el órgano Legislativo al sumar 67 votos de los 84 diputados, sin análisis ni debate previo.
De acuerdo con el dictamen leído en el pleno del Congreso, se solicitó la prórroga de dicha medida porque «persiste la amenaza de una posible agrupación de estas estructuras criminales».
«Si bien se está ganando, decididamente, la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración de ataques graves contra la vida de la población y de miembros de la corporación policial con evidencia de intención de agruparse», se indica en el documento.
Temen reagrupación de pandilleros
Además, se señala que «la prórroga es necesaria porque se continúa con la intervención de territorios, a través de los cercos de seguridad como un mecanismo efectivo para contrarrestar la movilidad de los miembros de grupos terroristas hacia zonas rurales del país, lo que permite seguir con la localización y captura de sus lideres fundadores».
«Dichas capturas reflejan la persistente amenaza de una posible reagrupación de estas estructuras criminales», agrega.
Esta es la decimoctava ocasión que el Congreso amplía dicha medida, que se ha convertido en la principal acción de seguridad del gobierno de Nayib Bukele.
La nueva extensión entrará en vigencia el 14 de septiembre y se prolongará hasta el 13 de octubre próximo.
Desde marzo de 2022, el órgano Legislativo decretó la suspensión del derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.600 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Al menos 7.000 detenidos han sido liberados.
La organización no gubernamental Tutela Legal ‘María Julia Hernández’ señaló este martes que «más de 20.000 inocentes detenidos ya cuentan con su carta de liberación, pero siguen sin ser liberados y entregados a sus familias».
