Un juez estadounidense dio nueve días de plazo al gobernador de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas que instaló en julio en el río Grande para impedir el paso de migrantes desde México.
El juez del tribunal federal con sede en Austin, capital del estado sureño, coincidió con los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden, que exigía la suspensión de la instalación de esta barrera.
El republicano Abbott anunció inmediatamente que apelaría esta decisión.
El río Bravo, también llamado río Grande, es la frontera natural con México. Las boyas instaladas están diseñadas para girar si alguien trata de asirse a ellas y, a cada lado, tienen unos discos metálicos dentados.
El tribunal prohibió a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio «construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el río Grande», en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión.
También ordena «reubicar antes del 15 de septiembre» todos los elementos ya existentes que componen esta barrera flotante «en la orilla del Río Grande del lado de Texas».
Problema diplomático y humanitario
El juez justifica su decisión por los «daños causados por la barrera flotante», citando «las enormes tensiones que ha provocado en las relaciones entre Estados Unidos y México», así como «amenazas a la vida humana y obstrucción de la navegación libre y segura».
La corte considera «probable» que la sentencia de fondo sea favorable al gobierno federal estadounidense.
El Departamento de Justicia de Washington señaló que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México.
«Estamos satisfechos de que el tribunal haya determinado que la barrera es ilegal y pone irremediablemente en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el Río Grande y sus alrededores», reaccionó en un comunicado la fiscal federal Vanita Gupta.
Desde hace varios años, gobernadores y legisladores republicanos, Abbott entre ellos, denuncian la llegada de inmigrantes ilegales, calificándola de «invasión».
Pero la administración Biden afirma que el número de cruces ilegales se redujo significativamente desde que se introdujeron nuevas normas para optar al derecho de asilo.
