La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías sobre libertad de expresión y derechos económicos condenaron la cancelación de la personería jurídica y confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua.
La estatización de las universidades privadas representa además otro golpe para estudiantes que fueron expulsados de las universidades públicas, por protestar en contra del régimen gobernante y reclamar autonomía universitaria, y que habían vuelto a comenzar sus estudios.
