A través de las redes sociales, el exfuncionario Edmundo Orellana señaló que el próximo titular del Ministerio Público deberá tomar acciones «forzosamente» en contra de Óscar Chinchilla o Daniel Sibrián, quienes fueron el último fiscal general y el fiscal general adjunto, respectivamente.
«Si comparte la tesis de que ya caducó la investidura de Chinchilla, debe aceptar que también caducó la del Adjunto, por lo que tendrá que acusar a este (Sibrián) por seguir ejerciendo el cargo ilegalmente», expresó el exsecretario de Transparencia.
Asimismo, Orellana señaló que, si el nuevo fiscal general tiene una opinión diferente, deberá emprender acciones legales en contra de Chinchilla por su abandono del cargo, ya que, de no hacerlo, estaría incurriendo en responsabilidad penal por omisión.
Ante este análisis, Sibrián solicitó al exfiscal una respuesta sobre «¿Qué pasa con los magistrados que también ejercieron su cargo (Ya concluido su periodo y con base al artículo 80 de la Ley Orgánica del CN), en el ínterin de elección de la nueva CSJ? ¿También deberán ser acusados?».
Orellana respondió que «si argumenta que no puede dejar su cargo porque eso constituiría un delito, debe admitir que su exjefe, al abandonar el suyo, incurrió en responsabilidad».
Finalmente, Sibrián recordó que presentó una «renuncia condicionada» ante el Congreso Nacional el día anterior, ya que busca aclarar si el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es aplicable, estableciendo que los funcionarios permanecerán en sus puestos hasta que se elija a sus sucesores.
En caso de que el Legislativo acepte su renuncia, deberá someterla a discusión y obtener 86 votos a favor para que sea efectiva.
Después de cuatro intentos fallidos en el Congreso Nacional, Honduras aún no ha logrado designar un nuevo fiscal general ni un fiscal general adjunto para el período 2023-2028, ya que no se ha alcanzado el mínimo de 86 votos requeridos para considerar y votar una moción. La próxima sesión para abordar este tema aún no ha sido convocada.
