Bernardo Arévalo ganó la presidencia con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, tras sortear una serie de acciones de la fiscalía para sacarlo de la carrera presidencial.
El refuerzo de su seguridad fue anunciado luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, exigió a Guatemala que «adopte las medidas necesarias para proteger» a Bernardo Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por amenazas y «la existencia de dos planes para atentar en contra» de ellos.
El gobierno dijo en un comunicado que «los supuestos planes para atentar contra la vida [de ambos] fueron conocidos el 20 de agosto (…), lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC [Policía Nacional Civil] a efecto de brindar mayores medidas de seguridad».
Arévalo genera «malestar” entre corruptos
Por su parte, la Fiscalía General indicó que «obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida» de Arévalo, por lo que coordinó con la Policía las medidas necesarias.
El triunfo del sociólogo y diputado socialdemócrata, que pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de corrupción.
Arévalo, visto como una esperanza de cambio en el país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, obtuvo el 58% de los votos en el balotaje frente a la ex primera dama Sandra Torres (37%). Torres,también socialdemócrata, pero era percibida como la candidata del continuismo.
