El Gobierno de Ecuador rechazó las acusaciones de presunta responsabilidad en asesinato contra el candidato Fernando Villavicencio, perpetrado el pasado 9 de agosto durante un mitin de campaña al norte de Quito.
A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, la administración de Guillermo Lasso respondió a los señalamientos de la familia de la víctima, que presentaron una denuncia por «omisión dolosa» por parte de las autoridades.
«Para el Gobierno Nacional es inaceptable que se considere que la actuación del presidente de la República, del ministro del Interior (Juan Zapata) y del comandante general de la Policía Nacional (Fausto Salinas), en cuanto a la seguridad de Fernando Villavicencio, fuera ‘premeditada'», con el objeto de «dejar al abandono a un candidato presidencial», dice el texto difundido por el Ministerio de Gobierno.
El Ejecutivo expresó su «total rechazo» a la denuncia presentada por «parte de la familia» Villavicencio y por un candidato a la Asamblea Nacional, y solicitó que «no se politice el caso y se permita al sistema de Justicia avanzar con las investigaciones» para llegar a una «verdad procesal».
El Gobierno afirmó también que desde el momento que se conoció este «repudiable crimen», puso en marcha todos los mecanismos que le competen, «para que la investigación avance y se encuentre a los autores materiales —ahora detenidos— e intelectuales del asesinato».
En qué se basa la denuncia
Este viernes, el abogado de la familia del aspirante presidencial asesinado, Marco Yaulema, señaló que las autoridades no cumplieron con su papel de garantes, al no velar por la vida de Villavicencio, pese a las amenazas que había recibido en su contra.
Incluso manifestó el letrado que el caso podría ser considerado como «un crimen de Estado», debido a las fallas de seguridad que permitieron el ataque. «No hubo una inteligencia, no hubo un barrido previo, no hubo una protección adecuada» al momento de la salida del candidato del evento, consideró.
