«Es la hora del cambio», dijo el 7 de agosto de 2022 el recién posicionado presidente Gustavo Petro al dirigirse a la nación. Ha pasado un año y su propuesta de transformación ha tenido que enfrentarse a una realidad signada por la violencia, el narcotráfico, la exclusión social, el poder mediático y una nueva presión de la oposición para orillarlo a renunciar.
Toda iniciativa de cambio se topa con la resistencia. Colombia es un país que no había tenido un presidente progresista y donde los poderosos tienen lazos con la oligarquía, el narcotráfico, los intereses foráneos y el paramilitarismo, que incluso ha formado parte del Estado.
Entre las prioridades de Petro están la ansiada paz y las reformas de leyes en pro de los más golpeados por la confrontación y el olvido. Sin embargo, ha habido serie de trabas que han ralentizado los procesos y obligado a reajustar el rumbo.
Aunque el líder del Pacto Histórico en su discurso de toma de posesión se refirió a la necesidad de unidad, en este aspecto tuvo reveses en el Congreso, donde la coalición de su partido sufrió una profunda fractura, como en su gabinete, con 11 cambios de ministros.
El reto de culminar el Gobierno
A lo largo de este año quedó en evidencia el enorme poder de los medios opositores que han torpedeado sus propuestas y que han dado amplia cobertura a su disputa con el titular del Ministerio Público, Francisco Barbosa, y a los escándalos que involucran a su familia y a su círculo más cercano.
Su hijo, Nicolás Petro Burgos, detenido el 29 de julio, acusado por la Fiscalía de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, expuso recientemente que la campaña presidencial de su padre recibió financiamiento ilegal, aunque aclaró posteriormente en una entrevista de Semana que ni su papá, ni Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y jefe de campaña de Petro, sabían que había recibido fondos irregulares.
En este caso que lo toca directamente, el líder progresista ha pedido que la Justicia se aplique «de manera imparcial, con el debido proceso y las garantías constitucionales». Asimismo, ha reiterado en varias oportunidades que su campaña no recibió «dinero alguno de carácter ilícito» y ha dicho que él mismo pidió que su hijo fuera investigado-
La oposición más férrea anunció movilizaciones para pedir su renuncia, mientras que Petro y quienes lo apoyan consideran que se trata de un «juicio político», sin pruebas, que busca acabar con su Gobierno. Sin embargo, se espera que la Fiscalía, con quien no tiene las mejores relaciones, logre demostrar la veracidad o no de las acusaciones.
