Aunque ya se conocen los nombres de los cinco candidatos que aspiran a convertirse en Fiscal General y Adjunto, la sociedad civil cree que los políticos moverán sus piezas para evitar que ambas figuras sean electas en septiembre.
La idea sería que los partidos políticos más grandes se repartan los cargos y puedan modificar el organigrama del Ministerio Público. Esto significaría que tres fiscales se dividan el poder en presidencias pro tempore de 20 meses cada uno.