La ciudad de Padua, en el norte de Italia, comenzó a eliminar los nombres de madres homosexuales no biológicas de los certificados de nacimiento de sus hijos en virtud de una nueva legislación aprobada por el gobierno de «primero la familia tradicional» de la primera ministra Giorgia Meloni.
Estos certificados de nacimiento pertenecen a 33 hijos de mujeres italianas que se sometieron a inseminación artificial en el extranjero y luego registraron a sus hijos bajo el gobierno de centroizquierda de la ciudad, encabezado por Sergio Giordani, en 2017.
La fiscalía de Padua confirmó a CNN que, hasta el jueves, 27 madres habían sido eliminadas de 27 actas de nacimiento.
Giordani llegó al poder con la promesa de eliminar las designaciones tradicionales de «madre» y «padre» en los certificados de nacimiento, pero esto fue anulado cuando el gobierno de Meloni ordenó a las autoridades locales que dejaran de registrar a los hijos de padres del mismo sexo con ambos nombres.
La medida significa que solo el padre biológico de un niño puede ser nombrado en un certificado de nacimiento.
La subrogación es ilegal en Italia y el matrimonio homosexual no ha sido legalizado. Debido a que las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas por la ley, el padre no biológico tiene que presentar un caso especial para adoptar legalmente a su hijo.
La medida también impide que los hombres en una relación del mismo sexo registren el nacimiento de su hijo con los nombres de ambos padres. En cambio, tienen que elegir a uno para que sea el padre legal.
“No hay discriminación contra los niños”, dijo la ministra de Familia, Eugenia Roccella, al parlamento cuando presentó el proyecto de ley en junio, explicando que los hijos de parejas homosexuales tendrían acceso a la escuela y a los servicios médicos al igual que aquellos que solo tienen un padre vivo.
El efecto de la medida es limitar ciertos derechos para el padre no registrado y requiere que tenga permiso para realizar las tareas familiares cotidianas, como recoger al niño de la escuela o utilizar los servicios públicos en su nombre.
El capítulo local del grupo de campaña LGBT Rainbow Family Association ha lanzado una protesta oficial.
“Estas actas de nacimiento no han violado ninguna ley ya que se firmaron en un vacío legislativo, lo que ahora deja a nuestros hijos en el limbo”, dijo el grupo en un comunicado cuando se anularon las primeras actas en junio.
“Pedimos que nuestros hijos no sean más que ciudadanos, plenamente protegidos, y que nuestras familias no sean destruidas por la voluntad política del gobierno de imponer un modelo de familia unifamiliar”.
En marzo, el gobierno de Meloni también introdujo una legislación para extender la prohibición nacional de la subrogación a las parejas que utilizan dichos servicios en el extranjero. Si se aprueba, cualquiera que infrinja la ley podría enfrentar una pena de prisión de dos años y una multa de más de US$ 1 millón.
La ley aún no ha sido debatida en el parlamento y ha sido criticada por apuntar específicamente a las parejas del mismo sexo, pero también se extendería a las parejas heterosexuales que usan servicios de subrogación en el extranjero.
Meloni hizo una fuerte campaña en contra de las personas LGBT y, desde que asumió el cargo en octubre, ha expresado su deseo de garantizar que “todos los bebés nazcan de un hombre y una mujer”.
Padua es la primera ciudad de Italia en cancelar de forma retroactiva los certificados de nacimiento, pero a los grupos de derechos humanos les preocupa que otras regiones, especialmente aquellas controladas por gobiernos de centro-derecha, hagan lo mismo.
A fines de junio, unas 300 mujeres participaron en una sentada frente al palacio de justicia de Padua después de que un fiscal estatal de la ciudad dijera que los certificados de nacimiento de 33 niños nacidos de parejas de lesbianas no eran legales.
En una protesta pacífica, las mujeres portaron pancartas con consignas como: “la maestra nos enseñó que todas somos iguales. ¿No te enseñó tu maestro?”
