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Julissa Villanueva pide a la PMOP no olvidar túneles, cementerios clandestinos y casas de citas en cárceles hondureñas

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, alertó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para que vaya tras los túneles en Támara y Siria, cementerios clandestinos y casas de citas que asegura están en esos penales.

Esta denuncia de Villanueva en su cuenta de twitter solo muestra la colusión de las autoridades penitenciarias.

«Esas autoridades permitieron no solo el ingreso de armas y drogas, sino también, que permitieron que el autogobierno de los privados de libertad se consolidara», denunció un familiar de un privado de libertad.

La misma viceministra de Seguridad denunció que en los primeros días de intervención en su gestión, por ejemplo, en Ilama, la propia Policía «no halló nada en las requisas que ejecutaron».

Fue hasta tres días después que encontraron caletas en el subsuelo, cocinas, paredes, baños, en las que encontraron algunas armas, pero que con la intervención militar, se constata que habían muchas más, que no fueron detectadas.

Esos túneles que dice ahora Villanueva están en la Penitenciaría Nacional de Támara y la cárcel de Siria, deben ser identificados y destruidos.

Pero también la denuncia de un cementerio clandestino en la cárcel de Siria, tienen que seguirle la pista y determinar en dónde está, cuántos cuerpos y quiénes estarían enterrados.

La corrupción

La corrupción penitenciaria según la denuncia de la funcionaria llevó a que en Morocelí, una cárcel de máxima seguridad, operará una casa de citas.

Esto, para varios jueces de ejecución no es nuevo, ellos aseguran que fue notorio que en el último año, se omitieron medidas y permitieron actividades para que los privados controlaran los centros.

«Es una pudrición, esa mezcla que hicieron de pandilleros con paisas no fue buena. Los paisas se volvieron víctimas de los pandilleros», asegura una familiar de un privado de libertad.

Pero además relata que cuando se da un nuevo ingreso a las cárceles, al que llega le cobran determinada cantidad.

«Llegan incluso a vender hasta las camas, por una cama pueden pedir de seis a siete mil lempiras», dijo el familiar.

En este negocio según la denuncia participan coordinadores y autoridades penitenciaras, señaló.



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