La exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana, exiliada en Washington desde 2019, considera que las elecciones de este domingo en Guatemala serán «una farsa» ya que «solo participan de candidatos los que el sistema quiere».
«Guatemala tiene un Estado capturado. Y, obviamente, en un Estado capturado no hay democracia», dijo con rotundidad la también excandidata presidencial en una entrevista con EFE.
Aldana lleva años intentando llamar la atención sobre la situación cada vez más frágil de la democracia en su país, desde que su candidatura presidencial en 2019 fue invalidada por la Corte de Constitucionalidad y las autoridades guatemaltecas emitieron una orden de arresto contra ella por supuesta corrupción.
Tanto la exfiscal general como varias organizaciones internacionales aseguran que su persecución es política, una represalia por el trabajo que llevó a cabo al frente del Ministerio Público entre 2014 y 2018 contra la corrupción en el país centroamericano.
«Estamos en el proceso de la venganza», explica, destacando que hay más de 36 operadores de justicia independientes en el exilio.
Aldana apunta a su trabajo en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo promovido por la ONU, para destapar una serie de escándalos que acabaron con la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina para enfrentar un juicio en su contra.
Tanto ella como el entonces jefe de la CICIG -y actual ministro de Defensa de Colombia-, Iván Velásquez, fueron premiados por la organización Right Livelihood en 2018 por su trabajo, aunque también han tenido que enfrentar críticas y amenazas por parte del «establishment» guatemalteco y del propio presidente del país, Alejandro Giammattei.
DE CANDIDATA PRESIDENCIAL AL EXILIO
Cuando anunció su candidatura presidencial por el partido Movimiento Semilla, en 2019, la exfiscal llegó a estar segunda en las encuestas.
Todo cambió con la invalidación de su candidatura y las posteriores acusaciones por parte de las autoridades guatemaltecas de que había contratado una plaza fantasma y de que había comprado de manera irregular un edificio para el Ministerio Público. Ella lo niega.
«Quienes han abusado son los corruptos. Quienes han abusado son (…) los que han saqueado los fondos del Estado», defiende.
Para Aldana, el «pecado original» de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito, y recuerda que sobre la candidata que lidera actualmente las encuestas en el país, la exprimera dama Sandra Torres, pesan acusaciones de corrupción.
«No debería estar participando», dice.
Tampoco ve con buenos ojos las propuestas de los principales candidatos de adoptar las políticas de mano dura contra la criminalidad del vecino El Salvador para lidiar con el aumento de la inseguridad ciudadana.
Aldana cree que cada país cuenta con sus propias dificultades y mecanismos, y en el caso de Guatemala, apunta a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que siguen incrustados en el Estado y se han convertido en «redes político-económicas ilícitas».
En este sentido, la exfiscal general opina que la seguridad ciudadana en el país pasa porque la Justicia haga bien su trabajo y deje de criminalizar a disidentes y medios de comunicación, como en el caso del periodista José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero y tráfico de influencias.
SIN MUCHO OPTIMISMO
En todos estos ámbitos a Aldana no le queda mucho optimismo. «Dada la situación de Guatemala, su cierre de espacio democrático… de momento yo soy pesimista», admite.
Como cuando la exfiscal quiso optar a la Presidencia, hace cuatro años, en esta ocasión las autoridades guatemaltecas han inhabilitado varias candidaturas presidenciales, como la de la líder indígena de izquierdas Thelma Cabrera o la del conservador Roberto Arzú.
El viernes, un portavoz de la Administración estadounidense urgió a Guatemala a celebrar unas elecciones «libres» y «justas», y dijo que el Gobierno del demócrata Joe Biden está «siguiendo de cerca» los comicios.
Aldana explica que no hay mucho más que los países del entorno puedan hacer por mejorar la situación, y que debe ser la propia sociedad la que impulse un cambio desde dentro.
Solo entonces se imagina la exfiscal, sobre la que aún pesa una orden de extradición, regresar a su país. Aunque seguramente no volvería a trabajar para el Ministerio Público. Y no es porque no tenga ya esperanzas de volver, aclara. Simplemente se ha «liberado del plazo». EFE
