La justicia de Panamá abrió un juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capital en el caso que la Fiscalía denomina «New Business», alegando que participó en la compra de un grupo editorial con fondos supuestamente obtenidos tras blanqueo de capitales y que provenían, según el Ministerio Público, de contratos con el Estado que presuntamente se manejaban de forma irregular.
En un comunicado, la Fiscalía afirmó que en este caso, que comenzó a investigarse en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y revistas, se hizo “mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las cuales supuestamente recolectaron cerca de US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore a nombre de New Business Services Limited.
CNN ha intentado obtener reacciones de la Editora Panamá América (Epasa) por la mención en este juicio, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, no respondió a CNN si el exmandatario tiene vínculos con Epasa.
Martinelli es uno de los 15 imputados en este caso. Cinco que fueron a la sala de audiencias y ocho que asistieron de forma virtual se declararon inocentes ante el tribunal. El exmandatario, por su parte, no participó del juicio, ya que adujo «incapacidad médica», al igual que otro de los imputados. De hecho, su abogado había solicitado que se suspendiera el comienzo de la audiencia debido a que fue sometido a una intervención quirúrgica, pero el juez negó el pedido. Inicialmente estaba previsto que el juicio se desarrollara entre 17 y el 28 de abril, pero por los distintos recursos presentados por los abogados de las personas imputadas se suspendió; ahora está programada para que concluya el 5 de junio.
Sobre este caso y otros procesos en su contra, el expresidente Martinelli siempre ha dicho que es víctima de persecución política. Uno de sus abogado, Alfredo Vallarino, dijo a CNN que el exmandatario es “absolutamente inocente de los cargos” y que “es un caso político, sin sustento jurídico”.
Carlos Carrillo, también del equipo legal de Martinelli, declaró a la prensa fuera de la sala de audiencias que la defensa busca que se garanticen sus derechos. “Ya hemos invocado formalmente las nulidades correspondientes e insistiremos en eso. Lo que queremos es que haya un proceso de conformidad a la ley y no a precipitud”, expresó Carrillo.
El primer día de juicio
Durante el primer día de juicio, la jueza Baloisa Marquínez, del juzgado segundo liquidador de causas penales, rechazó solicitudes de suspensión del acto, recusaciones y recursos de reconsideración, todos presentados a través de la defensa del expresidente Martinelli.
Al respecto, el fiscal Emeldo Márquez, de la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada, dijo que “obviamente cuando el tribunal hace su valoración, considera que existen los elementos para llamar a juicio a estas personas, porque considera que existen los medios que sustentan por lo menos la vinculación de estas personas a estos hechos delictivos”.
Todo el proceso se transmite en vivo por el Órgano Judicial de Panamá, a través de su plataforma digital.
El expresidente Martinelli fue absuelto en 2019 y 2021 en una causa por supuestas intercepciones en las comunicaciones y seguimiento y persecución sin autorización judicial contra empresarios, políticos y periodistas, entre otros.
En noviembre, la Procuraduría General de Panamá anunció que Martinelli y el también expresidente Juan Carlos Varela enfrentan otro juicio, programado para agosto, por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht, en el que también tendrán que enfrentar a la justicia seis exministros y dos hijos de Martinelli, entre otros acusados.
El vocero de Martinelli dijo entonces que “los hechos imputados son falsos porque está probado que los fondos por los que se pretende vincular” al expresidente “fueron donaciones políticas de campaña declaradas ante el Tribunal Electoral”.
Varela, por su parte, declaró en un comunicado que se trataba de “un injusto proceso” y que estaba “convencido de su inocencia”.
El Ministerio Público explicó a CNN que ni Odebrecht ni sus ejecutivos están en la lista de imputados ni en la de testigos para efectos del juicio, porque los acuerdos y sus declaraciones son pruebas documentales. En julio de 2017, la constructora brasileña aceptó pagar una multa de US$ 220 millones tras firmar un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia panameña.
