La Fiscalía de Perú ha llamado a declarar a la presidenta del país, Dina Boluarte, en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio por las muertes de civiles durante las protestas en contra de su gobierno.
Una vez conocida la noticia, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha recalcado ante los micrófonos de la emisora RPP la «vocación de colaboración» de la jefa de Estado para cerrar un capítulo que, dice, «no tiene sentido».
«No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad», ha manifestado Campos, quien ha confirmado que la mandataria andina acudirá a la citación del Ministerio Público.
Sin embargo, el jurista ha incidido en que esta investigación tiene un alto coste político para la presidenta, más aún en un contexto marcado por las críticas de líderes regionales sobre la legitimidad del gobierno de Boluarte.
Campos se ha referido así a las críticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o de su par colombiano, Gustavo Petro, quienes «utilizan su condición presidencial para establecer que en Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida».
El Ministerio Público ha citado a la mandataria para el próximo miércoles, 31 de mayo, a fin de que responda por los cerca de 60 muertos que se registraron durante las protestas, originadas tras su ascensión a la Presidencia a comienzos de diciembre.
Las manifestaciones antigubernamentales arrancaron después de que el entonces presidente, Pedro Castillo, fuera destituido y detenido por un intento de arrogarse más poderes en una maniobra que desde las autoridades peruanas catalogaron como «autogolpe de Estado».
Tras esto, Boluarte, quien hasta entonces había ejercido como vicepresidenta, tomó las riendas del país. La población, sin embargo, mostró su descontento y exigió a la mandataria renunciar al cargo y convocar elecciones.
