Dos sacerdotes católicos basados en el norte de Nicaragua fueron arrestados por la policía entre el sábado y el lunes y están bajo investigación de las autoridades, de acuerdo con un comunicado divulgado en la cuenta de Facebook de la diócesis del departamento de Estelí.
Los sacerdotes son Eugenio Rodríguez Benavídez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la iglesia Catedral de Estelí.
La Iglesia católica asegura que ambos sacerdotes «han sido requeridos por la Policía Nacional el sábado 20 y el lunes 22 de mayo respectivamente».
La nota agregó que fueron «trasladados a una de las casas de formación de la Iglesia, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana de Estelí».
“Sabemos que están bien en su integridad física, pero a la orden de las autoridades”, indicó el comunicado que pidió a los feligreses acompañar este proceso con sus oraciones.
A su vez, el texto con fecha del lunes 22 de mayo, aconsejó mantener la «calma, evitando hacerse eco de cualquier información tergiversada y tendenciosa que crea un clima de intranquilidad y zozobra».
Hasta el momento de publicar el gobierno de Nicaragua no se había referido a la detención de los sacerdotes.
Expertos en derechos humanos han alertado sobre estas investigaciones, argumentando que desde el comienzo de los procesos «se ven irregularidades».
El abogado Yader Morazán, experto en temas judiciales, sostiene que para realizar investigaciones, las autoridades no requieren capturar a nadie, «menos si son personas de arraigo y de notable reputación».
«En un Estado ‘normal’, las capturas sin orden judicial se dan por infraganti delito, o frente a una situación grave que requiera una intervención inmediata», indicó Morazán en Twitter.
Por su parte la abogada Martha Patricia Molina, dijo al medio República 18 que el gobierno con esto busca desmantelar la Diócesis de Estelí, la cual era administrada por el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado por el gobierno de Ortega a 26 años de prisión.
El gobierno de Daniel Ortega Ortega ha acusado a la Iglesia católica de apoyar la protesta social de 2018, que su gobierno calificó de fallido golpe de Estado. En marzo de 2022 el gobierno expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag y un año más tarde anunció la “suspensión de relaciones” con el Vaticano y el cierre de sus respectivas misiones diplomáticas, días después de que el papa Francisco calificara a su gobierno de “dictadura grosera”.
