La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua suspendió del ejercicio de la profesión de “manera definitiva” a unos 25 abogados críticos con las políticas del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos excarcelados políticos y activistas a los que ya les habían cancelado la nacionalidad en febrero de este año.
La medida divulgada en horas de la noche del pasado jueves indicó que «se anulan los títulos de estos abogados a partir de la presente resolución (…) estas personas no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión porque perdieron el derecho».
Ante esto, el profesional del derecho y exfiscal del Ministerio Público, Elvin Carrillo, manifestó que «Los tribunales de la República y el Colegio de Abogados de Honduras mediante una formal denuncia son los únicos responsables de inhabilitar y suspender a profesionales del derecho».
Añadió que: «Todo el mundo tiene la facultad de presentar denuncias en contra de un abogado y se deben aclarar mediante audiencias, pero debemos recordar que ya existen abogados que han sido enjuiciados como dos expresidentes del CAH y el exmandatario Juan Orlando Hernández».