El Congreso de Florida aprobó un proyecto de ley sobre inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis que consolida el controversial programa de reubicación de migrantes del republicano mientras éste se prepara para anunciar una candidatura presidencial.
La Cámara de Representantes del estado, de mayoría republicana, dio la aprobación final a la propuesta en una votación en bloques partidistas. El proyecto de ley recibió el visto bueno del Senado la semana pasada, y ahora pasará a manos del gobernador para que lo promulgue.
DeSantis, que se espera anuncie su candidatura a la presidencia en las próximas semanas, ha convertido la inmigración en una de sus principales prioridades y ha adoptado posturas de extrema derecha en torno a la inmigración con el fin de ganar apoyo de los votantes para las primarias republicanas.
El proyecto de ley proporciona 12 millones de dólares a la iniciativa de reubicación de migrantes de DeSantis, que llamó la atención a nivel nacional el año pasado cuando el gobernador envió a un grupo de migrantes que llegaron a Texas a Martha’s Vineyeard, en Massachusetts, una acción dirigida a protestar contra la política migratoria del Gobierno federal.
La norma adoptada no contempla la propuesta inicial de penalizar a quienes provean transportación a inmigrantes indocumentados y, en su lugar, sanciona con algún tipo de multa, de trata humana, a quienes, sabiéndolo, proporcionen el traslado de esas personas.
La nueva ley, que fue enviada al escritorio del gobernador Ron DeSantis, castiga con multas y cárcel el transporte de inmigrantes indocumentados, prohíbe las licencias de manejar de cualquier estado a extranjeros sin papeles y ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al estado.
Además, la disposición legislativa proporciona 12 millones de dólares para el programa de reubicación de migrantes de DeSantis, que atrajo la atención nacional el año pasado cuando el gobernador llevó a un grupo de migrantes de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, en una medida destinada a protestar contra la política federal de inmigración.
La propuesta también demanda que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los EEUU.
Asimismo, prohíbe que los gobiernos locales proporcionen dinero a organizaciones que emiten tarjetas de identificación a personas que se encuentran ilegalmente en el país, e invalida las licencias de conducir de otros estados en poder de inmigrantes indocumentados.
El proyecto originial incluía convertir en delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de 5.000 dólares y cinco años de libertad condicional, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado.
Adicionalmente, interpretar como un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares, si el inmigrante ilegal era menor de 18 años.
El gobernador DeSantis ha hecho de la inmigración una prioridad máxima y ha adoptado posiciones sobre la inmigración indocumentada que algunos analistas consideran orientadas a ganar el apoyo de los votantes republicanos en las primarias.
Por otro lado, la representante demócrata Susan Valdés ha criticado el proyecto de ley y dijo que «este proyecto de ley tiene un impulso político y es un proyecto de ley antiinmigrante que dañará e incluso matará a los inmigrantes indocumentados».
Los aliados republicanos del gobernador en la cámara estatal reflejaron en gran medida su retórica, tras afirmar que Florida no puede resolver el problema en Washington, pero que el estado se pueden tomar medidas para controlar la inmigración.
Cabe destacar que los republicanos controlan una gran mayoría en el Congreso floridano.
