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Empresa mexicana JLL Capital reclama 380 millones de dólares al gobierno hondureño

La firma mexicana de inversión JLL Capital, cuya operación en Honduras está bloqueada desde 2018 por una disputa local, busca una indemnización de 380 millones de dólares por parte del gobierno del país centroamericano en un proceso de arbitraje, alegando que violó protecciones a la inversión extranjera.

El caso se desencadenó en enero de 2017, cuando JLL buscó más control de su filial CA Capital, un prestamista no bancario hondureño, a través de un aumento de capital, según la notificación de arbitraje enviada al Banco Mundial en febrero,
de la que no se había informado anteriormente.

De acuerdo con documentos revisados por Reuters, la ampliación de capital redujo la participación de los accionistas minoritarios del 39.98% al 0.02%, lo que les llevó a contratar al hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, Amílcar Hernández, para que les representara en la impugnación de la medida de JLL en 2018.

Los inversionistas minoritarios alegaron que la asamblea de accionistas donde prácticamente se anularon sus participaciones vulneró sus derechos legales, alegando irregularidades en la convocatoria.

Tráfico de influencias
La disputa llevó a un tribunal a nombrar a un administrador en 2018 para dirigir CA Capital, con sede en Tegucigalpa. JLL afirma que su nombramiento fue ilegal y que le impidió operar la unidad, vació las cuentas de CA mediante maniobras legales y le ha costado al menos 380 millones de dólares.

El 13 de febrero, JLL inició un procedimiento de arbitraje contra Honduras a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, expuso que el Gobierno no aplicó las protecciones.

La influencia política de Hernández ha impedido a JLL y a otros inversores extranjeros dirigir sus negocios, añadió.

Amílcar Hernández no pudo ser localizado para hacer comentarios. El gobierno hondureño no respondió a una solicitud de comentarios.

Segunda demanda contra Honduras
En febrero, el gobierno de la sucesora de Hernández, Xiomara Castro, se negó a pagar 3,000 millones de lempiras (122.19 millones de dólares) en otro proceso de arbitraje iniciado por una empresa estadounidense, alegando que una “red de corrupción público-privada” había perjudicado a Honduras.

El expresidente Hernández, un antiguo aliado de Estados Unidos que gobernó Honduras desde 2014 hasta enero de 2022, se enfrenta a cargos por drogas y armas en Estados Unidos, de los cuales se ha declarado inocente.



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