La Fiscalía de Colombia confirmó que está investigando al hijo mayor del presidente izquierdista Gustavo Petro por presunto lavado de activos, en medio de un escándalo que involucra a un narcotraficante y que sacudió al Gobierno semanas atrás.
«Estamos investigando» penalmente a Nicolás Petro y la procedencia de sus bienes por «posible lavado de activos», dijo a medios locales el fiscal general, Francisco Barbosa.
En una entrevista reciente, la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, aseguró que el exnarcotraficante y excontrabandista Samuel Santander Lopesierra le entregó a su antigua pareja el equivalente a unos 124.000 dólares como aporte para la campaña presidencial de su padre.
Según Vásquez, el presidente no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos. En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el mandatario pidió el 2 de marzo a la Fiscalía indagar si son ciertas las acusaciones contra su primogénito.
Santander Lopesierra -conocido con el alias de El Hombre Marlboro y que pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico- es una de las personas más poderosas del departamento de La Guajira (norte), en la costa Caribe colombiana. El hijo mayor del mandatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región y actualmente es diputado por el Pacto Histórico, la coalición izquierdista que lidera Petro.
Algunos medios de comunicación publicaron extractos bancarios que dan cuenta de gastos mensuales superiores al salario de un diputado, entre ellos compras de joyas. El presidente evitó dar detalles del caso y puso en manos de la Fiscalía la investigación. En una entrevista con el portal Cambio, el mandatario afirmó que desde hace tiempo había escuchado «rumores» sobre el estilo de vida de su hijo que «empezaron a llamar» su atención.
Nicolás Petro niega las acusaciones y declaró estar dispuesto a «comparecer» ante las entidades que lo requieran. «Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita», se defendió.
