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jueves, 30 marzo 2023
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Empresas exoneradas sólo generan un 6% de los empleos en Honduras

La propuesta de una reforma tributaria por parte del Gobierno dirigido por Xiomara Castro provocó la inmediata reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que manifestó que no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con la ley propuesta por la administración. «Mejor que digan se prohíbe la inversión privada», dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.

Por su parte, el gobierno sostiene que si no hacen estas reformas Honduras caería en la categoría de «paraíso fiscal».

La administración actual asegura que, solo en el 2022, Honduras dejó de percibir casi 60,000 millones de lempiras en impuestos y que la mayoría de estos beneficios se le otorgaron a los más ricos del país. 

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, calificó la propuesta del Gobierno como «peligrosa» y agregó en relación con una reforma tributaria, «que nos expliquen si quieren que se mantengan o no las empresas» dijo en un claro rechazo a lo pretendido por la administración de Xiomara Castro. 

Mediante un informe las autoridades del Servicio Administrador de Rentas (SAR), dieron a conocer que, para entender el alcance de la Ley de Justicia Tributaria, es necesario recordar que a partir del Golpe de Estado se concedió un feriado tributario para los ricos en Honduras.

El documento indica que entre 2009 y 2022: “Se crearon seis regímenes nuevos de exoneraciones fiscales a las grandes empresas, como las Alianzas Público-Privadas o las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE)”.

Además, ampliaron 11 beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes, como la ampliación a 74 años para las Zonas Libre (ZOLI) o las cláusulas de Estabilidad Fiscal que impiden al Estado cobrar nuevos impuestos a las Alianzas Público Privado (APP).

De igual manera, se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas por casi toda década de 2010 a 2020; pero al mismo tiempo, se crearon 14 nuevos impuestos para cobrar a los más pobres. Acompañado de una práctica institucional corrupta que blanqueó la evasión fiscal.



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