La denuncia de la Fiscalía de Barcelona por el ‘caso Negreira’ ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El Ministerio Público acusa al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, a sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler.
Acusa además al propio club como persona jurídica, por un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía señala que «a través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial» con el denunciado Enríquez Negreira.
Ese acuerdo se basaría en que, en su calidad de vicepresidente del CTA, Enríquez Negreria, «a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones»-
El Ministerio público recuerda que «la designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del CTA, que además realiza evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros y propone los candidatos a árbitros internacionales».
Las investigaciones
En este sentido, la Fiscalía remarca que los pagos a Negreira se hicieron a través de dos sociedades, Dasnil 95 y Nilsad, de las que eran administradores el exárbitro y que entre 2014 y 2018, el periodo investigado, recibió 2,97 millones de euros del Barça. Señala que estas sociedades «se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes» del club azulgrana y que el efectivo era retirado con cheques al portador cobrados por empleados del exárbitro y le entregaban el dinero en efectivo «desconociéndose el destino definitivo de las detracciones realizadas».
También destaca que cuando Enriquez Negreira fue relevado de la vicepresidencia del CTA en el mes de mayo de 2018, el Barça «puso fin a todos los pagos». La investigación comenzó con una inspección de Hacienda al Barça por el impuesto de sociedades de 2015 a 2018 y el IVA de 2015 a 2017 por los pagos en las facturas de las sociedades del ex árbitro.
Hacienda reclamó «la identificación de los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios, así como copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FC Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida. En consecuencia, se consideró no deducible el gasto en el Impuesto sobre Sociedades, así como el IVA soportado por el obligado tributario por cuanto no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del club».
En 2021 el Barça admitió la regularización del impuesto de sociedades abonando 404.249,52 euros, más otros 52.324,74 de intereses de demora. «Por tanto, las facturas perdieron la presunción de validez del acto que incorporaban, a pesar de acreditar el pago efectivo, cuando de la actuación de comprobación e investigación llevada a cabo por la Inspección de los Tributos se concluyó que dichas facturas no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas antes referidas ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada por aquellas·, señala la Fiscalía ante una posible falsedad documental.
