Un mensaje contundente ha enviado Estados Unidos, a través de una orden judicial que obliga al Gobierno de Honduras a pagar un millonario requerimiento por 2,600 millones de lempiras, a la empresa internacional DRC INC, que entabló una demanda por la suspensión de un contrato en años anteriores.
Producto de esa demanda, la cuenta única de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central, con 3,000 millones de lempiras, ha sido embargada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obligar al Estado a cumplir con el compromiso.
No obstante, las autoridades hondureñas se pronunciaron este día, advirtiendo que “no pagarán un solo lempira” a los demandantes.
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada y el procurador general de la República, Manuel Díaz, comparecieron en una conferencia de prensa, aseverando que no están dispuestos a pagar la sentencia, aunque esto signifique un pleno desacato a la ley y argumentaron que fue ilegal la forma en la que se dictó el fallo.
La empresa que presentó la demanda contra Honduras fue DRC INC, de origen estadounidense, la cual en 1988 obtuvo una licitación pública para ejecutar varias obras tras los desastres dejados por el huracán Mitch en el país.
Para este fin se firmó con la empresa norteamericana un contrato por 19 millones de dólares, pero debido a que, en medio de la ejecución de los proyectos, DRC INC habría subcontratado a una empresa hondureña -lo cual no estaba permitido- se le dejó de pagar el último proyecto, argumentando que se incumplió el contrato.
Al no percibir el pago completo que había sido acordado, la compañía estadounidense demandó al Estado de Honduras, alegando daños y perjuicios. Tras un largo proceso que incluso fue llevado a una instancia internacional, finalmente el fallo fue dictado por la Corte hondureña y habría sido a favor de la transnacional, obligando a Honduras a realizar el pago pendiente.
Gobierno de Honduras desacata orden judicial
Sin embargo, los funcionarios del actual gobierno aseguran que no cumplirán con la demanda, pues argumentan que existe una “red de corrupción público-privada que opera en Honduras utilizando al sector justicia”.
“La Procuraduría General de la República, la Sefin (Secretaría de Finanzas) y el Banco Central, asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro, para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial”, reza el documento.
Por otro lado, argumentaron que, de cumplir con el compromiso, el Estado quedaría insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a planillas del presupuesto.
Señalaron que la intención de esta «red de corrupción pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a las planillas del presupuesto».
Los antecedentes
Después del huracán Mitch, es decir, en 1998 (Durante el gobierno del expresidente Carlos Flores), la USAID (La Agencia De Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional, adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC el contrato valorado en 19 millones de dólares.
Para ejecutar las obras, la empresa antes mencionada subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. NAINSA, pero la justicia norteamericana habría intervenido el contrato, por no estar permitida la subcontratación y envió a Honduras fiscales especiales, quienes, según el gobierno actual de Xiomara Castro, ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
Luego, en 2007, durante el gobierno de Manuel Zelaya, la empresa DRC INC, sometió al Estado de Honduras a un “proceso arbitral” ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato y dos años después, el 7 de septiembre de 2009, tras el golpe de Estado contra Zelaya, este proceso fue trasladado a un Centro de Conciliación y Arbitraje que según argumentaron, se conformó de forma rápida en el Colegio de Abogados de Honduras, donde se dictó una resolución o Laudo Internacional, condenando al Estado a pagar a la empresa extranjera los presuntos daños y perjuicios.
Según dieron a conocer este día, funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro, quienes dictaron dicho fallo no tenían la facultad para hacerlo.
Según lo expuesto por la ministra de Finanzas y el procurador general, aunque la empresa DRC INC presentó una demanda internacional contra Honduras en el Tribunal del Distrito Federal de Washington, amparándose en el Laudo Arbitral que se creó en el Colegio de Abogados de Honduras y el 23 de octubre de 2014 (Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández), la Corte Federal de Washington dictó sentencia, declarando que Honduras no tenía obligación de pagar dicha deuda.
