Lima vivió ayer su jornada de protesta más violenta, con varias personas heridas por perdigones y piedras, entre ellas dos fotógrafos mientras al sur la convulsión social obligó a un nuevo cierre del aeropuerto de Cusco, epicentro del turismo en Perú.
En el sexto día de protestas convocadas en el centro de Lima, se registraron duros enfrentamientos entre la Policía y manifestantes encapuchados, que convirtieron el casco histórico de la capital peruana en un campo de batalla donde volaron piedras y perdigones en una nube de bombas lacrimógenas.
Dos fotógrafos de medios internacionales, uno de ellos de la Agencia France-Presse, recibieron impactos de perdigones y piedras en una de sus piernas mientras cubrían la manifestación que tuvo un inicio pacífico. Fue convocada por grupos campesinos y estudiantes universitarios, pero luego ingresaron manifestantes encapuchados y con escudos caseros.
En la región Ica, 300 km al sur de Lima, ocho suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos en un ataque al margen de una multitudinaria manifestación para bloquear un tramo de la carretera Panamericana Sur, informó el Ministerio de Interior.
«Nosotros, todo el pueblo peruano, no vamos a dar tregua. No tenemos nada que hablar con la señora (Dina) Boluarte. La señora sabe muy bien: lo único que quiere el pueblo es que renuncie y que haya nuevas elecciones», dijo a la agencia AFP Carlos Avedano, un campesino de 35 años, que llegó a Lima desde Andahuaylas, una ciudad a 754 km al sureste de la capital.
En Cusco, la ciudad inca más turística de Perú, se cerró el aeropuerto una vez más «en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas», informó el Ministerio de Transporte.
En un pueblo de la región de Puno, 1350 km al sur de Lima y donde se han producido las protestas más violentas que se saldaron con 18 muertes a principios de enero, ingresó un contingente militar marchando por la calle principal, exclamando arengas en defensa de la patria.
Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo, el 7 de diciembre, cuando el gobernante intentó disolver el Parlamento -controlado por la derecha- cuando estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción. Sin embargo, tras reanudarse el 4 de enero, los reclamos principales se enfocaron en la renuncia de Boluarte, la convocatoria a elecciones generales y el cierre del Congreso.
