La Corte Suprema de Brasil ordenó prisión preventiva por tiempo indefinido a 354 de los 1.459 seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro detenidos por los actos de vandalismo del pasado 8 de enero en el país.
El magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso, determinó que 354 de los detenidos pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia, buscando garantizar el orden público.
Los implicados entran a prisión preventiva por su participación en «actos de terrorismo» y «destrucción de predios públicos» y responderán en la cárcel por los delitos de «asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado».
Asimismo, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF) También les fueron imputados cargos por «amenaza, persecución e incitación al crimen».
Es importante decir que, a 220 personas se les fue otorgada la libertad provisional, pero deberán obedecer medidas cautelares como entregar sus pasaportes y presentarse semanalmente ante las autoridades.
De igual forma, deberán portar una tobillera electrónica para ser monitoreados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio, entre otras medidas.
según el STF, en total fueron analizados 574 casos en los últimos dos días y otros 885 están a la espera de ser estudiados por el magistrado.
El pasado 8 de enero miles de extremistas que no aceptan la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de octubre invadieron y destruyeron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el presidencial palacio de Planalto.
Los simpatizantes radicales, que llevaban acampados más de dos meses en las puertas de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venció con el 50,9 % de los votos válidos.
Los 1.459 detenidos entre el 8 y el 9 de enero pasaron ya por sus primeras audiencias ante jueces de la capital brasileña, mientras que otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por tratarse de ancianos, enfermos o mujeres con niños.
