El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), le dio un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.
El plazo fue establecido el lunes en una sentencia del magistrado Benedito Gonçalves, de la corte electoral, que ordenó incluir el denominado «documento golpista» en una investigación contra el mandatario por supuesto abuso de poder durante su campaña para las elecciones presidenciales celebradas en octubre.
El texto en cuestión, es el borrador de un decreto que hubiera permitido a Bolsonaro establecer un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento fue encontrado por la Policía Federal en casa de Anderson Torres, quien fungió como ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido acusado de presunta omisión, ya que era el responsable de la seguridad de Brasilia cuando, el 8 de enero, miles de simpatizantes del exgobernante asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Bolsonaro, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos rompió su silencio este lunes ante varios simpatizantes que se encontraban frente a su alojamiento en Florida, donde lamento los hechos ocurridos el 8 de enero.
«Lamento lo que pasó el día 8 (de enero), una cosa increíble. En mi gobierno, la gente aprendió qué es la política, conoció los poderes fácticos, empezó a valorar la libertad, apuntó.
Asimismo, Gonçalves solicitó a la Corte Suprema que remita al tribunal electoral el documento que demostraría la supuesta intención del expresidente de dar un golpe y cualquier otra posible prueba encontrada en la casa de Torres que pueda servir en la investigación sobre el abuso político durante la campaña.
En caso de que Bolsonaro sea considerado responsable de abuso político y de uso de los medios de comunicación oficiales a favor de su campaña, el tribunal electoral puede condenarlo a un período de inhabilitación política de al menos ocho años.
