En una carta, los legisladores también exigieron al Gobierno que se investigue cualquier acción que se haya podido tomar en Estados Unidos para ayudar o coordinar el asalto a los edificios de las tres ramas del poder que tuvo lugar este fin de semana en Brasil por parte de seguidores del exmandatario.
«No debemos permitir que Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño obtenga refugio en EE.UU. para escapar de la justicia por crímenes que hayan podido cometer» en Brasil, escribieron los congresistas en la misiva.
Los legisladores aseguraron en su carta que el expresidente Bolsonaro entró a EE.UU. con una visa A-1, que se concede a diplomáticos o funcionarios. «Como ya no es el presidente de Brasil ni se desempeña actualmente como funcionario brasileño, le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener», señalaron los congresistas.
Visa A-1: 30 días para salir del país, si ya no forman parte de gobierno
El Gobierno estadounidense no se ha pronunciado aún sobre qué estatus legal mantiene Bolsonaro en Estados Unidos. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló el pasado lunes que las personas que entran a EE.UU. con una visa A-1 tienen 30 días para salir del país si ya no forman parte de un gobierno.
«Si el poseedor de una visa A ya no se dedica a asuntos oficiales en nombre de ese gobierno, le corresponde a ese titular de la visa salir de EE. UU. o solicitar un cambio a otro estado migratorio dentro de 30 días», dijo Price a los reporteros. Bolsonaro se encuentra, presumiblemente, en el estado de Florida, a donde viajó el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que le sucediera Luiz Inácio Lula da Silva.
Según publica la prensa, regresó el martes por la noche a la casa donde se hospeda en Orlando después de que, según fuentes familiares, estuviera hospitalizado por un dolor abdominal producto de las secuelas del atentado con arma blanca que sufrió en 2018.
Tras los ataques del domingo, unos 1.500 manifestantes bolsonaristas fueron arrestados por las autoridades brasileñas, después de que asaltaran las sedes de los tres poderes, con la intención de derrocar al progresista Lula da Silva, una semana después de que asumiera la jefatura de Estado en Brasil.
