Miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro culminaron este domingo el asalto a las instituciones de poder de Brasil. Un golpe que llevaban más de dos meses preparando en las calles y días perfilando en grupos de Whatsapp y que acabó con la invasión de las sedes de los tres poderes de Brasil: la sede del Congreso Nacional, la del palacio presidencial —el Palacio de Planalto, y la sede del Tribunal Supremo Federal. Los manifestantes radicales, ataviados con camisetas y banderas de Brasil, pidieron una intervención militar y la deposición de un líder, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya legitimidad no reconocen.
Las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control de las sedes tras horas de actuación en todos los edificios, que sufrieron importantes destrozos por los asaltantes. Agentes antidisturbios tuvieron que cargar y usar gases lacrimógenos hasta lograr establecer un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde los bolsonaristas fueron desistiendo y abandonando poco a poco el lugar.
Hay, al menos, 46 heridos, seis graves y dos intervenidos de urgencia, según el Hospital de Brasilia, y centenares de detenidos, en un primer balance ofrecido por el ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino y el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que ha elevado la cifra a «más de 400».
Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos. La mayoría están siendo arrestadas por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre cuatro y 12 años de prisión por «tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo». Según informaciones preliminares, hasta el momento hay al menos 300 detenidos, aunque Dino dijo que habrá más arrestos en las próximas horas por los «actos terroristas».
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro negó su responsabilidad en el asalto a las instituciones en Brasilia por parte de sus simpatizantes. Más de siete horas después del ataque a los edificios públicos, aseguró que durante su mandato «siempre» ha cumplido con la Constitución, «respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y la sagrada libertad». «Además, repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)», escribió el exmandatario en una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social Twitter.
El exmandatario brasileño, un admirador de Trump, se encuentra actualmente en Orlando, Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta. Bolsonaro comparó los hechos acontecidos este domingo, que calificó de «depredaciones e invasiones» con las manifestaciones convocadas por la izquierda», asegurando que «escapan la regla», ya que «las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia».
Siete días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los extremistas irrumpieron en los palacios violentamente, destruyendo todo lo que se encontraron a su paso, mientras que el jefe de Estado se encontraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo. El mobiliario de los palacios fue destrozado y arrojado por las ventanas a la calle, aunque las autoridades todavía no han podido realizar un balance de los cuantiosos daños causados por la turba.
Tras el violento ataque, los funcionarios encontraron tirados por el suelo de los despachos pinturas al lienzo rasgadas, computadoras, impresoras y televisores dañados, según vídeos grabados por el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta. La turba no llegó a entrar en el despacho de Lula en el palacio de Planalto porque la Policía llegó en ese momento, según dijeron a EFE fuentes oficiales.
Lula reaccionó ordenando la intervención de los organismos de seguridad del Distrito Federal, región donde se encuentra Brasilia, y desplegando fuerzas federales para ayudar a expulsar a los golpistas de las instituciones. En una declaración desde Araraquara, donde se encontraba de viaje, Lula afirmó que hubo «incompetencia» y «mala fe» por parte de los responsables de seguridad de Brasilia, que dependen de la administración del gobernador Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro.
