A pocas horas de que finalice el estado de excepción en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la población exige al gobierno diseñar un plan eliminar la extorsión.
De acuerdo con expertos en seguridad, interrumpir este proceso potenciaría a los criminales, quienes aprovecharían este tiempo para retomar sus actividades delictivas.
Por su parte, expertos en Derechos Humanos recomiendan a las autoridades de la Secretaría de Seguridad hacer un planteamiento más amplio y efectivo, ya que, sino hay un nivel de impacto no tiene sentido el estado de excepción.
