Los abogados de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidieron este miércoles a la Justicia la detención de los miembros de la organización de ultraderecha Revolución Federal por supuestos vínculos con el atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre. A su vez, solicitaron que se investigue a una vecina del barrio porteño de Recoleta, quien acogió a varios en su casa durante los días previos al ataque.
Los integrantes de Revolución Federal son Jhonatan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Estos habrían intentado contratar a un sicario para cometer el crimen, y tienen además vínculos con el grupo Los Copitos, que atentó contra la vida de la exmandataria. En cuanto a la vecina de la líder peronista, Ximena Tezanos Pinto, se hizo conocida por exhibir desde su balcón banderas con consignas antikirchneristas frente a los canales de televisión, que le sumaron protagonismo con varias entrevistas.
El escrito presentado por Juan Manuel Ubeira, abogado de Cristina Kirchner, solicita las detenciones en base a una nueva prueba incorporada y a los mensajes de texto encontrados en los celulares de los imputados, investigados por amenazas a la vicepresidenta en una causa paralela.
«Las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que Sabag Montiel (el hombre que intentó disparar a Cristina Fernández) y Brenda Uliarte (su pareja) estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar», sostiene la querella, según detalla Página/12.
«Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado Revolución Federal, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra», informó la vicepresidenta a través de su cuenta en la red social Twitter.
Y continuó: «De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal, surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario. El dinero se encontró y el sicario está preso».
A continuación, la expresidenta se preguntó: «¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables».
La querella sostiene que tal vez «el sicario» contratado por Revolución Federal fue Sabag Montiel, y sobre el financiamiento establece sospechas sobre 50.000 dólares en poder de Guerra y los 15 millones de pesos (más de 85.000 dólares) que recibió Morel por supuestos trabajados de carpintería pagados por la familia de Nicolás Caputo, exministro de Mauricio Macri.
