La denuncia constitucional, presentada por la legisladora derechista Rosselli Amuruz, recibió el respaldo de 13 votos a favor y 6 en contra de los integrantes de la Subcomisión por la presunta infracción de los artículos 38 y 118 de la Constitución Política referidos a cumplir y respetar la Carta Magna.
Dado que la cuestión de confianza fue planteada por el ex primer ministro Aníbal Torres, este también fue comprendido en la denuncia, al igual que los exministros Betssy Chávez, quien lo sustituyó en el cargo; Félix Chero, Alejandro Salas, Willy Huerta y César Landa, entre otros.
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El informe de la subcomisión señala que «los hechos específicos estarían dados por su participación en la sesión donde se adoptó el acuerdo del gabinete, de fecha 14 de noviembre de 2022», referido a la interpretación de las circunstancias por las cuales el Ejecutivo puede pedir el voto de confianza del Parlamento y cómo puede responder ante su negativa.
El gabinete presidido por Torres, y luego asumido por Chávez, consideró que el Congreso había rechazado la cuestión de confianza, al negarse a debatirla y, por lo tanto, con esa negativa podía estar facultado a cerrar el Parlamento si el Legislativo volvía a negarle la confianza en una segunda ocasión consecutiva.
No obstante, el informe indicó que Castillo incurrió en falta al asumir que la cuestión de confianza había sido «rechazada, rehusada o negada», lo cual ahondó la crisis política con el Parlamento y días después anunció su cierre y la instalación de un Gobierno de emergencia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió sumar la nueva denuncia a otras cinco previas referidas a las investigaciones contra Castillo por presunta corrupción, en los casos abiertos por la Fiscalía de la Nación en su contra, entre otros cargos.
