La Junta Nominadora para la Elección de Candidatos a Magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) realiza la veeduría de información sobre los postulantes de manera privada.
21 instituciones estatales (Tribunal Superior de Cuentas -TSC-; la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras -ONCAE-; el Servicio de Administración de Rentas -SAR-; la Comisión Nacional de Bancas y Seguros -CNBS-; la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos; la Súper Intendencia de la Alianza Público Privada; la Unión Nacional de Notarios -UNN-; el Ministerio Público -MP-; el Comisionado Nacional de Derechos Humanos -CONADEH-; el Instituto de la Propiedad -IP-, entre otras) ya enviaron la información a la Junta Nominadora, pero esta decidió hacer las reuniones a puertas cerradas debido a la información delicada que presenta cada informe.
Ante esa decisión, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) como observador de este proceso demanda que el análisis de la información que se recibió de las instituciones obligadas, se realice de forma individual y en sesión abierta y pública para evitar la manipulación o desestimación de información de los postulantes que pueda entorpecer la transparencia en la selección de candidatos y candidatas.